Un sargento retirado del Ejército Nacional, identificado como Richard Antonio Pérez, recibió la segunda condena por el asesinato de su hijo adoptivo de 5 años, en hechos ocurridos en febrero de 2016 en la ciudad de Medellín.
De acuerdo con la investigación -liderada por un fiscal especializado-, el 6 de febrero de 2016 Richard Antonio Pérez llevó al menor de edad a un centro asistencial de la capital de Antioquia sin signos vitales. El hombre señaló al personal médico que su hijo adoptivo había presentado un vómito severo.
Sin embargo, el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la muerte se presentó por una golpiza propinada horas antes, que le provocó traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones.
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El informe también da cuenta de que el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada clínicamente, así como lesiones que se presentaron minutos antes del fallecimiento y otras antiguas, con signos de desnutrición.
Estas pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación contra el sargento retirado del Ejército, durante la etapa del juicio oral, fueron suficientes para que un juez penal del circuito especializado decidiera condenar a Pérez a 15 años y 4 meses de prisión por el delito de tortura agravada.
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Cumplía condena por el crimen del menor de edad
Ya en agosto de 2019 Richard Antonio Pérez había sido sentenciado a 33 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado con dolo eventual, también en el marco de la investigación de la muerte del niño de 5 años.
Esto luego de que la Fiscalía demostrara que, en 2013, este hombre se llevó bajo engaños al menor de edad hasta Granada, Meta, donde obtuvo su custodia, a pesar de que no era su padre biológico. La madre intentó recuperarlo, pero el procesado lo mantuvo alejado de su cuidado durante tres años.
“También se evidenció que desde octubre de 2015 la víctima permaneció encerrada en una vivienda del centro de Medellín sin ningún cuidador y se encontraba desescolarizado, impidiéndole tener contacto con otros menores de edad”, detalló el ente acusador en un comunicado.
