La Corte Constitucional tumbó este jueves de forma definitiva el decreto de emergencia económica con el que el Gobierno nacional buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto nacional de 2026, al considerar que vulneró el principio de separación de poderes.
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El magistrado Carlos Camargo aseguró que el decreto gubernamental “es inexequible” (contrario a la Constitución) porque “el principio de separación de poderes (...) constituye una garantía esencial del Estado Social de Derecho y de la democracia”.
“Este principio asegura que no exista una concentración arbitraria del poder y protege la participación indirecta del pueblo en decisiones fundamentales como la discusión y aprobación del presupuesto y las medidas tributarias necesarias para su sostenibilidad”, añadió Camargo.
Reacción del presidente Petro
Desde Quibdó, en medio de un acto por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente Gustavo Petro criticó la decisión de la Corte Constitucional y aseveró que quieren “ahorcar” a su gobierno.
“La Corte Constitucional acaba de tumbar el decreto de emergencia económica, el primero, el que era general para toda la economía. Tiene innumerables consecuencias. El argumento de seis magistrados contra dos: el gobierno siempre tiene minoría en estas instituciones porque viene de atrás; son instituciones que no recogen la voluntad del pueblo colombiano en la actualidad, incluso el Congreso viene de atrás”, señaló.
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Agregó el mandatario que “esas instituciones deciden con el mismo argumento: ‘no más ingresos al Gobierno’. Nos quieren ahorcar porque somos un gobierno diferente, como lo hubiera sido el gobierno de Jorge Eliécer Gaitán”.
Petro anunció el martes pasado que su Gobierno presentará al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria en respuesta a la subida de los tipos de interés al 11,5 %, aprobada la semana pasada por el Banco de la República.
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Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno de Petro presente un proyecto de reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022 y la segunda fue rechazada por el Congreso en diciembre pasado, lo que llevó al presidente a declarar la emergencia económica.
