El escándalo por una celebración al interior de la cárcel de Itagüí, en la que participaron cabecillas de estructuras criminales recluidos y vinculados a la estrategia de paz urbana, llevó al Gobierno Nacional a tomar distancia y congelar cualquier tipo de acercamiento con estos voceros.
La decisión se conoció luego de que salieran a la luz detalles del evento, que habría incluido presentaciones musicales, ingreso de licor y alimentos desde el exterior, en un episodio que encendió alertas sobre el control institucional dentro del centro penitenciario.
A través de un pronunciamiento oficial, la delegación del Gobierno —liderada por la senadora Isabel Cristina Zuleta— calificó lo ocurrido como inaceptable y anunció la suspensión inmediata de los espacios de diálogo con los representantes de estas estructuras hasta que se esclarezcan responsabilidades.
“El espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) tiene como propósito la construcción de Paz Urbana: el desescalamiento de violencias, la territorialización de la Paz y el tránsito de los integrantes de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto - EAOCAI al Estado Social de Derecho. Dicho esto, ponemos de manifiesto:los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de ltagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por e Instituto Nacional Penitenciario - Inpec no hacen parte de las garantías de funcionamiento del Ecsj”, manifestaron.
El episodio no solo generó rechazo político, sino que también derivó en medidas administrativas. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó la remoción del director del penal y del responsable de la guardia, además de la apertura de investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios que estaban de turno al momento de los hechos.
