Sin mínimas garantías de seguridad en los territorios, la promesa de la paz total es irrealizable. No solo porque la Fuerza Pública no puede ni debe renunciar a su misión constitucional de proteger a los ciudadanos, dejándolos a merced de las disputas entre ilegales en zonas de conflicto, también porque, como ha sido evidente por el deterioro de la seguridad urbana y rural, no existe certeza de que los integrantes de los grupos armados cumplan en el terreno lo que sus negociadores acuerdan en la mesa de diálogo. En ello, el Gobierno no debe seguir equivocándose si es que quiere dejar de ser un convidado de piedra en la acelerada pérdida del control territorial.
El Clan del Golfo y las ACSN no cuentan con estatus político, una situación jurídica que ha generado incertidumbre por el futuro que puedan tener los procesos en materia de sometimiento a la justicia.
El pasado 8 de agosto el Gobierno anunció que abrirá un “espacio de conversación sociojurídico” con este grupo paramilitar.
El “espacio de conversación sociojurídico” buscará un proceso de sometimiento a la justicia con este grupo armado diferenciándose así de las negociaciones con el ELN y el EMC.
De acuerdo con la comisión, grupos que dicen representar al ELN en el Catatumbo han solicitado cifras de dinero a las plantas extractoras de palma de Carlos Murgas.