Lo que está viviendo el ya de por sí golpeado departamento del Chocó es de no creer. Como si fuera poco la pobreza y el olvido estatal al que siempre ha estado sometido el territorio, además del accionar criminal y del conflicto armado que lo ha mantenido rezagado y casi que aislado por distintas organizaciones criminales y guerrilleras, ahora vive dos tragedias al mismo tiempo.
La inclemencia del clima tiene afectado al 85 por ciento de su región con inundaciones y deslizamientos que ya dejan más de 30 mil familias damnificadas. Los últimos reportes dan cuenta de que hay inundaciones en 22 de los 30 municipios del departamento, 4.337 viviendas registran averías o afectaciones al igual que 18 colegios y 1.487 hectáreas de cultivos.
Esa es la tragedia que padecen hoy los chocoanos. Una muy dura y delicada que los golpea de frente con la realidad de la variabilidad climática que está azotando todo el territorio nacional en este cierre de 2024.
La otra tragedia se la está haciendo padecer con todo el rigor, la incoherencia y la indiferencia el Ejército de Liberación Nacional, que desde mediados de la semana había anunciado el comienzo de un paro armado en las zonas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, que se inició en la medianoche del sábado 9 de noviembre, justo cuando se recrudecía el invierno en todo el departamento del noroccidente colombiano.
El argumento de la guerrilla, que precisamente había también anticipado desde Caracas la elaboración de un documento para blindar la negociación que planea retomar con el Gobierno de Colombia en 8 días en esa ciudad venezolana, es el de los patrullajes que estaría realizando la fuerza pública, además de la presencia del Clan del Golfo en esta zona.
Cuales dueños y señores, el frente de guerra occidental Ogli Padilla dio inicio al paro armado, lo que está impidiendo el paso y el arribo de ayudas humanitarias, víveres y toda asistencia a los damnificados por las inundaciones en el Chocó.
De ese tamaño son las incoherencias de un grupo armado que se precia de defender las libertades y los derechos populares, pero priva a una población tan lastimada por la pobreza y en este momento por la naturaleza de poder recibir la asistencia del Estado para su supervivencia en medio del drama por la ola invernal.
La vileza, la infamia y la mezquindad del ELN no tienen límites. A una sola voz desde los gobiernos departamental y nacional el llamado es a que se levante el paro armado y se permita el flujo de las ayudas para los afectados.
Se entienden los llamados, los clamores y las voces de ruego y peticiones al Ejército de Liberación Nacional, pero es imperativo que el Estado use todo su aparataje para poder llegar a las zonas donde los ciudadanos reclaman su presencia para atender sus necesidades. Pero también que el Ejecutivo definitivamente reevalúe su posición de negociación frente a una organización armada que no ha demostrado en todo el proceso de diálogo un mínimo de coherencia con la intención de paz y la mano tendida que le ha mantenido en procura de llegar a acuerdos.
Con las familias chocoanas aisladas, incomunicadas, sin alimentos, sin medicinas, sin agua, no es posible permitirse pensar en continuar adelante con una negociación que a claras luces no tiene futuro, o por lo menos no del lado del ELN.
Está más que claro que una cosa piensa el COCE (Comando Central del ELN), al mando de la negociación en Caracas, y otra lo que piensan y ejecutan los distintos frentes de esta guerrilla en todo el territorio colombiano donde tienen presencia.
Mientras tanto, miles de chocoanos están atascados en sus municipios padeciendo los rigores de las fuertes lluvias sin tener la posibilidad de recibir la asistencia que necesitan. No hay derecho.
Que la declaratoria de situación de desastre nacional, ordenada este domingo por el presidente Gustavo Petro, permita movilizar todos los recursos para llegar con toda la fuerza del Estado a las zonas golpeadas por las inundaciones y brindar la atención requerida.