Este martes 7 de abril se conoció que Interpol levantó la orden de captura contra Carlos Ramón González, quien fue mano derecha del presidente Gustavo Petro y está implicado en el escándalo de corrupción en la UNGRD. El exfuncionario de alto rango, que ocupó cargos como jefe de la DNI y del Dapre, se encuentra actualmente refugiado en Nicaragua, amparado por el régimen de Daniel Ortega.
Se conoció que la decisión fue tomada por el organismo internacional desde Lyon, Francia, de manera unilateral, argumentando que esta obedecería a restricciones en la información suministrada en la solicitud que inicialmente hicieron las autoridades colombianas.
“La comisión determinó la existencia de información restringida en relación con la solicitud. A este respecto, observó que la informacion relacionada con la solicitud se habia considerado restringida para proteger los derechos y las libertades del solicitante”, sostuvo la Interpol.
Esta decisión implica que Carlos Ramón González pueda movilizarse fuera de Nicaragua, donde se encuentra prófugo de la justicia desde 2024.
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Sin embargo, pese a que la orden de captura se levantó, la Interpol dejó abierta la posibilidad para que desde Colombia se reitere en la activación de este mecanismo para dar con la captura del ex funcionario.
“Conforme a lo previsto por la secretaria general de interpol, existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificacion roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no haya sido objeto de estudio en el proceso actual”, explicó el organismo
Por esto, se conoció que la Fiscalía ya pidió, desde el pasado 2 de abril, reactivar la circular roja de la Interpol sustentada en el delito de lavado de activos.
Como se sabe, el ente acusador lo señala como uno de los principales responsables de la red criminal que desfalcaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En 2023, se afirma que, a través de intermediarios como Olmedo López y Sandra Ortiz, González habría ordenado la compra de congresistas para garantizar la aprobación de las reformas impulsadas por el presidente Petro.
“En la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, González Merchán ordenó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo, que previamente les había ofrecido”, se lee en el expediente.
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Debido a estos hechos, la fiscal María Cristina Patiño imputó a González ante el Tribunal de Bogotá por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado y lavado de activos, señalamientos que él ha rechazado desde el inicio del proceso.
Finalmente, la orden de captura solicitada no se ejecutó porque se conoció que el exfuncionario, quien había declarado a la Fiscalía que residía en Bogotá, en realidad se encontraba en Nicaragua. Allí obtuvo asilo político gracias al apoyo de la embajada de Colombia en ese país y la protección del gobierno de Ortega.
