Las recientes filtraciones de conversaciones entre altos funcionarios del Gobierno y el presunto contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, han encendido la polémica en el ámbito político colombiano. En medio de este debate, Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco al frente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió sus acciones y aseguró que los acercamientos con el abogado del señalado criminal se realizaron “en el marco de sus funciones y con conocimiento del presidente Gustavo Petro”.
En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus manifestó que las reuniones fueron de carácter institucional y tenían como finalidad persuadir a Marín de regresar al país y colaborar con la justicia. No obstante, el exfuncionario reconoció sentirse preocupado por posibles represalias tras la filtración de las grabaciones.
“Hicimos investigaciones rigurosas con relación a este señor. Claro que temo por mi vida y por la de mi familia”, expresó.
Asimismo, uno de los focos de la polémica se centra en los encuentros entre Lemus y el abogado de Marín, quien es considerado por las autoridades como uno de los principales implicados en contrabando en Colombia.
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El exdirector de inteligencia explicó que el contacto no fue clandestino ni irregular. “El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, dijo, aclarando que el propósito era convencer a Marín de presentarse ante la Fiscalía, entregar información sobre redes de contrabando y señalar posibles cómplices en estructuras políticas o institucionales.
Al ser cuestionado en la entrevista sobre si estos contactos estaban dentro de las funciones de la DNI, especialmente al tratar temas de extradición y beneficios judiciales, Lemus negó cualquier negociación formal. “No estaba negociando nada. Fue una conversación para que él viniera a Colombia y hablara con la Fiscalía”.
Además, uno de los aspecto sensible de las grabaciones filtradas es la posible vinculación con la política de ‘paz total’ promovida por el Gobierno. Lemus descartó haber ofrecido beneficios directos para evitar la extradición de Marín a Estados Unidos, aunque señaló que sí se abordó el marco legal colombiano para quienes se someten voluntariamente a la justicia. Hizo referencia a la Ley 2272, que permite suspender órdenes de extradición si el implicado colabora activamente.
“La ley permite que el presidente pueda suspender una extradición si el delincuente avanza y colabora con la justicia”. Aun así, recalcó que la decisión final corresponde a la Fiscalía y a las instancias judiciales, no al Ejecutivo.
Otro elemento que generó debate fue que Lemus reveló haber sostenido reuniones con Marín durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando el presunto contrabandista ofreció dinero para apoyar la campaña.
“Él me propuso primero 5.000 millones de pesos para la campaña y después llegó a los 10.000 millones”, aseguró, y agregó que el presidente fue informado y decidió que esos recursos no debían ser recibidos. Lemus también mencionó que un intermediario extranjero habría recibido 500 millones de pesos, los cuales fueron devueltos por orden del mandatario.
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Por otro lado, en cuanto a la red de contrabando, el exfuncionario afirmó que Marín posee información comprometedora sobre personas influyentes vinculadas a estas operaciones.
“Hay muchos políticos metidos, muchos generales, especialmente de la Policía, en esa mafia del contrabando”. Y aunque aclaró que se trata de datos de inteligencia que aún deben ser verificados por la Fiscalía.
Finalmente, Lemus confirmó que presentó su renuncia a la UIAF durante el pasado Miércoles Santo, aunque no sabe si ha sido aceptada formalmente. Además, indicó que evalúa apoyar la campaña política del senador Iván Cepeda, mientras avanza en la etapa final de su carrera profesional y se prepara para pensionarse.
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