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Un juez de conocimiento condenó este domingo 5 de abril a 37 años y 5 meses de prisión a Camilo Múnera Osorio por su responsabilidad en el homicidio agravado de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín, un caso que generó preocupación por la seguridad de quienes trabajan en este tipo de servicios en la ciudad.

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La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara un conjunto de pruebas que permitieron demostrar la participación del hoy condenado en los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2023.

Así ocurrió el homicidio del conductor de una plataforma de transporte en Medellín

De acuerdo con la investigación, Múnera Osorio y otros dos hombres solicitaron un servicio de transporte mediante una aplicación digital. El recorrido inició en el barrio Laureles y tenía como destino el corregimiento San Cristóbal.

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Sin embargo, durante el trayecto, la víctima fue sometida por los pasajeros. Las autoridades establecieron que, cerca del destino, el conductor fue obligado a pasar al asiento trasero del vehículo, donde fue inmovilizado y agredido en repetidas ocasiones.

Posteriormente, en una zona apartada conocida como Las Hamacas, los atacantes obligaron al conductor a descender del automóvil, donde continuaron la agresión hasta causarle la muerte. Tras el crimen, abandonaron el cuerpo en una quebrada y huyeron con el vehículo y las pertenencias de la víctima.

El responsable tenía antecedentes judiciales

Por estos mismos hechos, Camilo Múnera Osorio ya había sido condenado previamente mediante un preacuerdo a 7 años y 5 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado, relacionado con el robo del vehículo y los objetos personales del conductor.

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Con la nueva sentencia, la justicia impone una pena más severa tras ser hallado culpable del homicidio agravado, delito que conlleva sanciones significativamente mayores en el sistema penal colombiano.

La sentencia emitida es de primera instancia, por lo que aún proceden los recursos de ley. Esto significa que la defensa del condenado puede apelar la decisión ante instancias superiores.