La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 de los principales cabecillas del crimen organizado en Medellín, quienes participan como voceros en un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional.
La medida quedó consignada en la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 y responde a una solicitud directa del Ejecutivo, en el marco de las conversaciones que se desarrollan con estas estructuras en el llamado Espacio de Conversación Sociojurídico en la cárcel de Itagüí.
El beneficio cobija tanto a líderes que permanecen privados de la libertad en ese centro penitenciario como a otros siete que han recuperado su libertad recientemente tras cumplir sus condenas, pero que siguen vinculados a la mesa de negociación.
Entre los nombres incluidos figuran reconocidos cabecillas del entramado criminal del Valle de Aburrá, como alias “Tom”, “Douglas”, “Carlos Pesebre”, “El Montañero” y “Mundo Malo”, junto a otros líderes de distintas estructuras que operan en Medellín y su área metropolitana.
De acuerdo con el documento oficial, la suspensión de las órdenes de captura tendrá una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga dependiendo del avance de los diálogos y a solicitud del Gobierno.
La decisión se sustenta, según la Fiscalía, en los avances reportados desde junio de 2023 en este espacio de बातचीत, donde —de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz— se han planteado objetivos como la desarticulación de organizaciones criminales, la transformación de economías ilícitas y la reducción progresiva de la violencia urbana.
Este paso se produce en medio de un complejo panorama de seguridad en Medellín, donde estas estructuras mantienen influencia en actividades como la extorsión, el microtráfico y el control territorial, lo que convierte el proceso en una apuesta de alto riesgo político y social.
La suspensión de las órdenes de captura no implica el cierre de los procesos judiciales, sino una medida temporal orientada a facilitar la participación de los voceros en la mesa, en línea con la política de negociación impulsada por el Gobierno Nacional.
