El próximo 20 de julio, fecha de la instalación del nuevo Congreso de la República, el Gobierno nacional presentará ante esa corporación un proyecto de Estatuto del Trabajo que tendrá como objetivo establecer anualmente el aumento del salario mínimo vital, según informó el presidente Gustavo Petro.
Para el mandatario el fin de la norma es hacer ley su iniciativa del salario mínimo vital para estar en concordancia con lo establecido en la Constitución de 1991, según explicó.
“Será allí norma legal el salario vital y sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, manifestó el jefe de Estado quien agregó que este proyecto de ley reforzará los derechos laborales adquiridos por los trabajadores colombianos.
Así las cosas, la normativa blindaría lo alcanzado hasta el momento sobre mejoras laborales y sería el cimiento para ofrecer mayor estabilidad laboral y aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
“La productividad se mide por la del trabajo, no hay más productividad, y a partir del salario vital el aumento salarial real debe calcularse es con esta productividad”, anotó Petro explicando cómo se definiría el incremento.
Cabe recordar que a finales de 2025, el Gobierno estableció un alza del 23 % del salario mínimo que beneficia a 2,4 millones de colombianos. El salario creció 327.405 pesos y el auxilio de transporte 49.095 pesos quedando en $2.000.000.
Para el Ministerio del Trabajo el incremento deja atrás “recetas sobre flexibilidad laboral” que llevaron a un deterioro del ingreso de los trabajadores y a “recortes de derechos” como la negación de recargos nocturnos y días de descanso, “políticas antisindicales y restricciones de salarios que operaron durante décadas”.
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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha asegurado en múltiples ocasiones que el panorama económico es favorable para el incremento, pues se registran las menores tasas de desempleo del siglo, la informalidad está a la baja, hay 1.300.000 personas que salieron de la pobreza por la vía de ingresos y la economía crece.
Esto generó críticas por parte de sectores productivos de Colombia que vieron con recelo el alza alegando que incrementaría el costo de las nóminas lo que se traduciría en recortes para poder responder al incremento.
Varias semanas después de anunciado el nuevo salario mínimo, el Consejo de Estado suspendió de manera temporal el decreto con el se estableció e instó al Ejecutivo a que en un plazo de 8 días hábiles expedir un nuevo documento con la nueva alza. Para esto se reunieron de nuevo con centrales obreras y agremiaciones que acordaron mantener el alza del 23 %.
