La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó a ocho exintegrantes del Ejército colombiano como responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos contra pueblos indígenas y comunidades campesinas entre 2001 y 2002 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, ubicados en el Pacífico colombiano.
Los imputados hicieron parte del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 ‘General José María Cabal’ y del Batallón de Contraguerrilla No. 93 ‘Ramiro Rueda Mendoza’, del Ejército.
A los comparecientes se les atribuyen crímenes de lesa humanidad como “asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución y traslado forzoso de población”, así como homicidios y torturas en esos municipios, donde residen comunidades afrocolombianas, campesinos, y los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara.
Los ocho exmilitares señalados son el entonces comandante Luis Felipe Montoya, el jefe de la Sección de Operaciones José David Vásquez, el comandante de escuadrón Juan Carlos Dueñas Mejía y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien también se desempeñó como segundo comandante de esa unidad.
Asimismo fueron llamados a reconocer responsabilidad al jefe de inteligencia del grupo, Carlos Alberto Gutiérrez González; el coordinador de la red de inteligencia, José Gregorio Betancourt; el comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes, Alexander Guerrero, y el comandante de compañía Adolfo Díaz.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que los hechos no fueron episodios aislados sino parte de “patrones macrocriminales sistemáticos” que respondieron a tres patrones de violencia.
El primero consistió en la estigmatización y violencia selectiva contra líderes sociales, autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias, que derivó en homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas.
El segundo patrón corresponde a asesinatos de civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate, con el fin de mostrar resultados operacionales dentro de las unidades militares, conducta conocida como ‘falsos positivos’.
El tercero está relacionado con el control militar del territorio, que incluyó restricciones a la movilidad de las comunidades, desplazamientos forzados y confinamientos que impactaron a más de 16.000 personas, en su mayoría integrantes del pueblo awá y comunidades afrodescendientes.
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Esta decisión constituye el segundo auto de atribución de responsabilidades del macrocaso 02, que investiga graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en esos municipios del Pacífico colombiano.
El primero atribuyó responsabilidad a 15 exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC, y con este nuevo pronunciamiento, la JEP da por concluida la etapa de investigación del caso y el proceso avanzará ahora hacia las fases de reconocimiento de responsabilidad, juicio y eventual imposición de sanciones.
Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar los hechos imputados. Si reconocen su responsabilidad, el caso seguirá la ruta restaurativa ante el Tribunal para la Paz; si no lo hacen, podrían enfrentar un proceso adversarial con penas de hasta 20 años de prisión.
