En la undécima Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, previa a las elecciones del domingo 8 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a los cuestionamientos del Pacto Histórico y anunció que está autorizada una auditoría forense a los diferentes softwares y a los resultados de los comicios.
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Penagos sostuvo que entiende las preocupaciones propias del debate político, pero pidió “no llevar la discusión a extremos” que puedan generar riesgos o tensiones innecesarias.
“Entiendo la preocupación, porque en la política es así pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por esto, llevémoslo a sus justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense, está autorizada”, explicó Penagos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió: “Yo no llego a extremos, quiero que se cumpla el fallo del Consejo de Estado que la Registraduría no ha cumplido por someterse a Thomas Greg & Sons por razón desconocida. El software debe ser del Estado y desde el Estado, y las auditorías técnicas independientes al Estado son fundamentales para la transparencia democrática. El fraude es el que lleva a la violencia. Alejemos ese peligro de Colombia”.
Pedidos del Pacto
Horas antes, en rueda de prensa, el movimiento de izquierda — en línea con declaraciones del presidente Gustavo Petro— reiteró sus dudas sobre la transparencia del sistema y solicitó una “auditoría técnica independiente del software electoral, con revisión de expertos en seguridad informática, entrega y examen del código fuente completo, análisis de vulnerabilidades y verificación de su integridad y trazabilidad”.
La colectividad insistió en que el proceso debe contar con mayores garantías verificables y mecanismos de control adicionales. A su turno, el congresista Alirio Uribe aseguró: “Vamos a tener nuestra propia registraduría, donde vamos a digitalizar, contabilizar y hacer todo el seguimiento a los E-14”.
Durante la Comisión, Penagos respondió que la Registraduría está dispuesta a ampliar los controles.
“Recibo las inquietudes con respeto. Lo único que quiero es darle tranquilidad a la ciudadanía y las respondo cuando sea necesario (...). El fraude no está en el procesamiento, está en la coacción, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas, en la destinación y uso de recursos públicos en las campañas políticas. (...) Si hay que hacer auditoría forense, está autorizada. Díganme cualquier otra actividad y tratamos de hacerla”, afirmó, subrayando que el objetivo es dar tranquilidad al país.
El registrador explicó que desde la noche del 3 de marzo quedó congelado el código fuente de los softwares de preconteo y consolidación, lo que permite verificar que no haya alteraciones posteriores. Agregó que las auditorías técnicas internacionales, los entes de control y las organizaciones políticas tienen acceso a esos códigos para constatar su integridad. Frente a los llamados del presidente Petro a impugnar mesas donde existan dudas, Penagos recordó que el preconteo es un mecanismo preliminar.
También reiteró que las reclamaciones pueden presentarse tanto en las mesas como ante las comisiones escrutadoras, y que jurados y testigos están habilitados para grabar y confrontar las actas electorales.
“Se pueden cometer errores, pero no delitos”, advirtió.
La Registraduría informó que las misiones de observación internacional tienen acceso a todos los puestos y mesas de votación, y confirmó que se han recibido 45 solicitudes de traslado de puestos por distintas razones logísticas y de seguridad.
“Estamos trabajando las 24 horas del día para dar absolutas garantías a este certamen demo crático”, concluyó Penagos, al insistir en que toda la institucionalidad debe concurrir para asegurar un proceso transparente y enfrentar cualquier intento de fraude.
Incautaciones
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó este miércoles que han sido incautados por las autoridades $1.500 millones que iban a ser destinados, al parecer, para la comisión de delitos electorales en el país.
El jefe de la cartera de seguridad precisó que los operativos se han llevado a cabo en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, La Guajira y Córdoba.
“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en 10 eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…), y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, dijo Sánchez a periodistas.
El ministro añadió que ya fue expedida la directiva 04, que indica que los ascensos de los comandantes deben estar sujetos a la reducción de los homicidios y el combate a delitos electorales.
“Esto debe ser valorado como una de las variables que se analizan con los comités para los ascensos. Hay que verificar cada uno de los casos de manera juiciosa, pero no podemos irnos al extremo de que va a haber falsos positivos electorales”, explicó.
