El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció este miércoles que el Gobierno no ha tenido éxito en la implementación de su estrategia de nombrar como gestores de paz a actores armados que se encuentran privados de la libertad o que ya purgaron su pena y se han alejado de las armas.
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“(…) Ese impulso que le dimos como gestor de paz a otras personas para no que solamente dijeran la verdad judicial, sino que paralelamente se pudiera reconstruir otra vez el tejido social que ellos habían tallado con base en contar las historias de la verdad de lo que sucedió tanto en financiación política como ayuda militar era lo que se pretendía. ¿Usted me quiere decir que no hemos tenido un éxito? No hemos tenido un éxito”, aseguró el ministro durante un evento organizado por la Procuraduría.
Benedetti indicó que la semana se adelantaron unas reuniones con delegados de Comisionado de Paz, con la Secretaría General de Presidencia y con el Ministerio del Interior, “para volver otra vez a armar la dinámica territorial de nuestro señor presidente”. “No nos ha ido bien”, admitió.
Ya en noviembre pasado la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo de la viabilidad de los nombramientos de gestores de paz, incluso presentaron una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por la designación de varios exjefes paramilitares.
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De acuerdo a la demanda, “no hay claridad sobre sus funciones y no se le puede dar ese estatus a personas que no han aportado a la reparación de las víctimas”.
Para Iris Marín, defensora del Pueblo, estas designaciones -entre las que sobresalen las de Salvatore Mancuso, ‘Macaco’, ‘Jorge 40’, ‘Don Berna’ y ‘Diego Vecino’- vulneran los avances logrados bajo supervisión judicial.
“Aquí se desconoce completamente el marco jurídico y se pone en riesgo los derechos de las víctimas, quienes tampoco participan en estos procedimientos”, señaló Marín en entrevista con Blu Radio hacia finales de noviembre de 2025.
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También agregó que no hay límites claros sobre el tipo de actividades que podrían realizar los desmovilizados, y esto “abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios en actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial”.
