Esta vez no solo fue sino cinco los decretos que firmó el Ministerio de Hacienda y con el que se declara nuevamente la emergencia económica por la crisis climática que azotó mayoritariamente la zona norte de Colombia. Y su expedición ha suscitado todo un debate en la arena política, para unos está totalmente justificada la declaración mientras que para los detractores es un atropello.
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Con los decretos 0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026 se pretende recaudar más impuestos; agilizar los trámites para la obtención de tierras; contratar de manera directa a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Garantías; así como la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Sin embargo, la expedición de los cinco decretos no ha caído del todo bien en un sector de la política que ha denunciado, por ejemplo, que el Gobierno puso en marcha, otra vez, la extinción de dominio exprés.
“El Gobierno revivió la extinción de dominio express en los 7 departamentos afectados por la emergencia económica. Aprovecharon las inundaciones para eliminar la fase judicial de los procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio express. En menos de 15 días la ANT podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga”, comenzó diciendo la candidata del Centro Democrático, Paloma valencia.
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En ese sentido, aseguró que se “están rompiendo los acuerdos” y se pone en riesgo la propiedad rural en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. “Solicitaré a la Corte que tumbe este atropello”.
Por su parte, Enrique Gómez, cabeza de lista del Senado por Salvación Nacional, fue más allá diciendo que la declaratoria de emergencia económica lo que en verdad significa es un mecanismo para “robar 25 billones de pesos”.
“Con la crisis del invierno, que pudo ser prevenida y contenida (si los amigos de Petro no hubiera robado la UNGRD) (…) Se van a quedar con los recursos del ahorro pensional de los colombianos para hacer lo mismo que hicieron en Argentina: recoger votos con limosnas permanentes”, aseveró el candidato.
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A su vez, insistiendo en la expropiación exprés se pronunció Andrés Valencia, ex ministro de Agricultura, quien expuso dicha facultad del Ejecutivo se coló en los decretos.
La candidata al Senado del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, precisó que subir impuestos vía emergencia económica “no puede convertirse en la fórmula automática frente a los problemas fiscales”. “Antes de seguir cargando a comerciantes, transportadores, emprendedores y trabajadores formales, el Gobierno debe demostrar austeridad y control del gasto. Colombia necesita confianza y estabilidad, no más incertidumbre tributaria. ¡Esto es inaceptable!”, agregó.
José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, alarmó por el impuesto al patrimonio que aplicará a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000) al 1 de marzo.
“¡Impuesto al patrimonio de las empresas! Hágame el favor que idea tan anti técnica y destructora en una economía (...) La irresponsabilidad de un Gobierno”, sentenció.
En esa misma línea, el candidato a la Cámara por Bogotá, Juan David Aristizábal, manifestó su preocupación por el “patrón” que existe en el gobierno Petro: “Usar estados de excepción para crear impuestos”.
“Después de una pésima planeación financiera y una deficiente ejecución presupuestal, el Gobierno ahora culpa al Congreso por no aprobar su nefasta reforma tributaria. Y en lugar de corregir el rumbo, pretende vía decreto imponer “mini reformas tributarias” para tapar huecos fiscales — muchas de ellas jurídicamente cuestionables y con fuerte impacto sobre trabajadores y empresas", escribió en su cuenta de X.
