El Consejo de Estado le ordenó a Bernardo Moreno Villegas, quien fuera director del Dapre durante el gobierno de Álvaro Uribe, pagar 354 millones de pesos de la indemnización por los seguimientos e interceptaciones que hizo a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia al encontrarlo patrimonialmente responsable.
“Una vez en firme la presente providencia, por Secretaría de la Sección Tercera dispóngase la entrega a la entidad demandante de los títulos de depósitos judiciales que se encuentran a órdenes del presente proceso provenientes de la caución prestada por el demandado para garantizar el cumplimiento de la sentencia”, reza el fallo.
Asimismo, el Consejo de Estado también precisó que la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de reparación directa por la cual se declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del DAPRE no debía fundarse en una providencia emitida el 28 de abril de 2015 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues, “dicha prueba no fue aportada al referido proceso; por el contrario, es evidente que se tuvo como un “hecho notorio” la existencia de la condena penal que no pudo ser controvertida y, en todo caso, lo cierto es que, en la actualidad no se ha resuelto la “impugnación especial” formulada contra dicha decisión”.
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Fue el ex jefe de inteligencia del DAS, Jorge Lagos, quien salpicó a Moreno durante un interrogatorio por el caso de las ‘chuzadas del DAS’. Lagos en su momento le dijo a las autoridades que había entregado información sobre algunos magistrados al exdirector del Dapre. Por esto la Procuraduría le abrió una investigación.
Más de un año después, en 2010, Alejandro Ordoñez, entonces procurador general, lo destituyó e inhabilitó por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales. Para el Ministerio Público, Moreno se extralimitó en sus funciones cuando se reunió en 2008 con funcionarios del DAS y la UIAF con el fin de recabar información reservada relacionada con el empresario Asencio Reyes.
Por este escándalo fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 8 años de casa por cárcel.
Años después, más exactamente en julio de 2017 el juzgado quinto de ejecución de penas de Bogotá le concedió libertad condicional después tras cumplir 57 de los 96 meses de su condena.
