La Presidencia de la República presentó formalmente una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, en medio del proceso de control de constitucionalidad del decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
La solicitud fue radicada el 21 de enero de 2026 por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, ante el despacho del magistrado Carlos Camargo Assis, quien tiene a su cargo el expediente identificado como RE-387.
De acuerdo con el documento oficial, la recusación se fundamenta en una entrevista concedida por Ibáñez a la periodista María Isabel Rueda, en la que el magistrado se refirió a la posibilidad de que la Corte revise su jurisprudencia para permitir la suspensión provisional de decretos dictados durante los estados de excepción, como el actual estado de emergencia.
Para la Presidencia, estas declaraciones configurarían una causal prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, al considerar que el magistrado habría “conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, lo que, a su juicio, podría comprometer su imparcialidad en el trámite.
En el escrito se precisa que, aunque Ibáñez no actúa como ponente del proceso, su condición de presidente de la Corte Constitucional y miembro de la Sala Plena lo convierte en un decisor directo en los asuntos incidentales y de fondo relacionados con el expediente.
El documento también recuerda que, según la jurisprudencia del alto tribunal, antes de resolver una recusación debe verificarse su pertinencia, la oportunidad en la presentación, la legitimación de quien la formula y el cumplimiento de la carga argumentativa.
