Arrancó este lunes en el Ministerio de Hacienda la reunión entre los gobernadores del país y los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, por la polémica emergencia económica.
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“Se cumple reunión entre el Gobierno Nacional y la Federación de Departamentos. Se busca analizar la aplicación en los territorios de las medidas de emergencia económica”, informó la cartera económica en sus redes sociales.
Sobre el impuesto a licores y tabacos girará la mesa de trabajo y aunque el encuentro es a puerta cerrada, se espera que los mandatarios departamentales den al término un balance de los acuerdos a que se llegue o desacuerdos que persistan al respecto de los gravámenes del estado de excepción.
Además, la cartera económica anunció que emitirá un comunicado de prensa con las resoluciones de la reunión.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, dirigido al ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló previamente que los gobernadores asistirán “en total disposición para dialogar, concertar y llegar a acuerdos”.
Indicó en este sentido que la prioridad del encuentro será proteger los recursos que sostienen sectores sensibles como la salud, la educación y el deporte en los territorios, reconociendo las presiones fiscales que enfrenta el Gobierno y la necesidad de fortalecer el recaudo.
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Frente a los controvertidos impuestos a licores y cigarrillos, la mandataria departamental alertó que un incremento mal diseñado podría terminar fortaleciendo las economías ilegales, el contrabando y las estructuras criminales.
Entre tanto, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, anunció que a más tardar el próximo viernes se conocerá la decisión sobre si se suspenden o no los efectos de la emergencia económica, mientras que el fallo de fondo sobre su constitucionalidad, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, se sabrá a finales de febrero.
El titular del máximo tribunal defensor de la Carta Magna explicó en el diario El Tiempo que existen diferencias entre los tributos creados en el decreto, ya que por ejemplo el de patrimonio aún no se están recaudando y empezarían a cobrarse a partir de marzo, por lo que la Corte podría fallar antes de que entren en vigencia.
No obstante, advirtió que hay impuestos indirectos “leoninos” que ya se están cobrando, por lo que alertó que mientras no se suspendan los efectos de la emergencia el alto tribunal no puede frenar el recaudo.
Así mismo, precisó que en el fallo de fondo se definirá si se producen efectos retroactivos, lo que obligaría a devolver los recursos recaudados por parte del Estado. Y en caso de que los efectos sean solo hacia el futuro, se cesarán los cobros a partir del momento en que lo establezca la providencia.
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De otro lado, de indicó que la entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025 ha provocado un fuerte incremento en los precios de licores y cigarrillos, ya que el impuesto del IVA sobre bebidas alcohólicas pasó del 5 % al 19 %, y subió en un 119 % la tarifa del componente específico del impuesto al consumo, pasando de 342 pesos en 2025 a 750 pesos por grado alcoholimétrico en unidades de 750 mililitros.
Además,, el componente ‘ad valorem’ del impuesto al consumo, que se calcula sobre el precio de venta al público antes de gravámenes, subió del 25 % al 3%, afectando el costo fe aguardientes, rones, whiskys y otras bebidas alcohólicas. Y para el tabaco, el impuesto pasó de poco más de 4.000 pesos por cajetilla a más de 11.000 pesos, más del doble del valor anterior.
En este sentido, la Industria Licorera de Caldas y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) revelaron los nuevos precios sugeridos para 2026: el Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml) pasó de 49.705 a 71.112 pesos, un aumento del 4 3%; el Ron Viejo de Caldas tradicional (750 ml) pasó de 54.545 a 84.604 pesos, incremento del 55 %; y el Aguardiente Antioqueño (750 ml) pasó de 17.500 a 33.000 pesos solo en impuestos, un alza superior al 48 %.
Y en el caso de los whiskys importados, el Old Parr 12 años pasa de un rango de 135.000 a 165.000 pesos a costar entre 136.000 y 178.000 pesos, y la Buchanan’s estándar pasa de uno de 147.000 a 180.000 a uno de 170.000 a 215.000 pesos.
Agrega el reporte que la industria licorera representa aproximadamente 1,5 % del PIB colombiano y genera más de 200 mil empleos directos e indirectos. En los últimos dos años aportó cerca de 1,2 billones de pesos en impuestos. Se estima que cerca del 24 % del licor consumido en Colombia es ilegal. Así mismo, las bebidas alcohólicas representan 3,88 % del gasto de los hogares y un peso cercano al 1,7 % en el índice de precios al consumidor (IPC).
Precisamente, el anuncio de la semana pasada de rebelión de los mandatarios departamentales fue por considerar que la medida afectaría las finanzas territoriales.
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Por ello, el Ejecutivo citó a los gobernadores a una mesa de trabajo, aseverando que la norma “no afecta las rentas de los departamentos” y que “tiene por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”.
Y añadió la cartera económica que “el Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración por parte de los departamentos” y que “las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.
Los mandatarios departamentales estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar el decreto publicado el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un “riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”.
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Al respecto, el Gobierno señaló que busca recaudar $11,1 billones adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la “situación financiera” del país.
Lo anterior, luego de que el Congreso hundiera, dos semanas antes, el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar $16,3 billones para completar el Presupuesto para este año.
Así, el Gobierno publicó el 30 de diciembre los nuevos tributos que incluyen un aumento del impuesto al patrimonio.
En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementará para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedó en el 19 %.
Al respecto, la FND señaló que buscará –a través de las vías judiciales– frenar lo más pronto posible “lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia”.
“En este análisis se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”, se lee en el documento emitido por la FND.
El Gobierno defendió el pasado sábado el aumento de impuestos al alcohol y al tabaco decretado en el marco del estado de emergencia.
El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que los tributos adoptados mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025 “responden a una política de salud pública” basada en evidencia científica y buscan reducir el consumo de productos nocivos, prevenir muertes evitables y generar recursos adicionales para financiar servicios esenciales como la salud y la educación.
La cartera explicó que el incremento de impuestos permitirá disminuir el consumo de vino en un 20 % y de bebidas espirituosas en un 16 %, así como una reducción significativa en el consumo de cigarrillos y vapeadores, especialmente entre niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables.
Frente a ello, el Ministerio de Salud aseguró que la medida “no vulnera la autonomía territorial ni compromete los recursos ordinarios de los departamentos”, al señalar que únicamente los ingresos adicionales derivados del aumento de tarifas se destinan al Presupuesto, una práctica que, según el Gobierno, se ha aplicado en reformas anteriores.
El Ejecutivo sostuvo, además, que con los nuevos impuestos espera equilibrar la situación fiscal del país.
