Tras el anuncio de 17 gobernadores del país de no acatar algunos apartes del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, comenzaron a surgir reacciones desde distintos sectores políticos, entre ellas una solicitud formal para que se evalúe la actuación de los mandatarios regionales.
El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía que analicen si los gobernadores que han expresado su negativa a aplicar la medida estarían incurriendo en eventuales irregularidades disciplinarias o penales.
Según el congresista, el desconocimiento del decreto pone en riesgo el recaudo de cerca de $11 billones que estarían destinados a financiar programas sociales y servicios públicos esenciales.
Ocampo sostuvo que no se trata de un enfrentamiento político, sino de una obligación constitucional. “No es una pelea política: es la defensa de la Constitución y del bienestar colectivo. Nadie está por encima de la ley”, afirmó.
De acuerdo con el representante, el decreto de emergencia económica fue expedido para hacer frente a una delicada situación fiscal “que amenaza la financiación de sectores esenciales, como los de salud, energía y atención de desastres”.
En ese sentido, advirtió que “su incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”.
Cabe recordar que, de manera previa, el Gobierno Nacional ya había anunciado que emprendería acciones jurídicas contra los gobernadores que decidan no aplicar los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica.
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