La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar solicitando la suspensión de la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.
“Consideramos que los hechos invocados por el Gobierno Nacional no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución, al tratarse de situaciones estructurales y previsibles que deben atenderse mediante instrumentos ordinarios”, explicó Asocapitales.
La asociación argumentó que la medida “no cumple con los requisitos constitucionales” y que utiliza “de manera indebida” una figura excepcional para atender situaciones estructurales del Estado.
Por ello, piden que se suspenda el decreto y cualquier otro expedido con fundamento en dicha declaratoria “en coherencia con nuestro compromiso con la defensa del orden constitucional y sostenibilidad fiscal de los territorios”.
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Advirtieron, además, que se mantengan vigentes los efectos del decreto que podrían generar impactos jurídicos y fiscales “irreversibles, afectar el equilibrio entre las ramas del poder público y comprometer la autonomía de municipios y distritos”.
Gobierno ve con recelo rebelión de gobernadores
El Gobierno nacional reaccionó con dureza frente a un anuncio realizado por al menos 17 gobernadores sobre su negativa a aplicar las medidas tributarias enmarcadas en el decreto de emergencia económica.
En este sentido, Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, señaló que la manera en que las autoridades regionales materialicen su decisión, a través de actos administrativos concretos en cada departamento, será determinante para definir las acciones legales que emprenderá la Nación.
Según el pronunciamiento, cualquier medida que se adopte deberá respetar estrictamente el marco constitucional y las competencias establecidas por la ley.
El Gobierno subrayó que la revisión de la constitucionalidad del decreto en cuestión es una atribución exclusiva de la Corte Constitucional, por lo que consideró improcedente que otras autoridades pretendan anticipar o sustituir ese control.
Asimismo, el comunicado cuestionó la posibilidad de que se intente aplicar la figura de la excepción de inconstitucionalidad para dejar sin efectos la norma. A juicio de Idárraga, ese mecanismo no sería legítimo en este caso y no puede utilizarse para desconocer un decreto cuya validez debe ser definida por el alto tribunal.
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Finalmente, el ministro advirtió que cualquier actuación que implique asumir funciones que no le corresponden a las entidades territoriales podría interpretarse como una vulneración de la Constitución Política, lo que abriría la puerta a eventuales acciones judiciales para salvaguardar el orden institucional.
