El Consejo de Estado dio trámite a una demanda presentada contra el Decreto 1469 – expedido el pasado 29 de diciembre – mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó el aumento del salario mínimo legal mensual en un 23%, el cual regirá en Colombia durante 2026.
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La acción judicial cuestionaba la legalidad del decreto y sostenía que su contenido desconoce principios constitucionales y administrativos fundamentales, como la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la debida motivación que deben caracterizar los actos del Ejecutivo; sin embargo, el abogado Germán Eduardo Castro Marín decidió retirar la demanda de nulidad, al parecer, tras recibir mensajes amenazantes que pusieron en riesgo la seguridad de él y su familia.
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A través de un comunicado, Castro Marín explicó que la acción interpuesta no obedeció a intereses políticos ni personales, ni buscó jamás afectar el bienestar de los trabajadores colombianos.
“Lamentablemente, el ejercicio legítimo del derecho a acceder a la justicia se ha visto opacado por una incomprensible ola de intolerancia. En las últimas horas, he recibido múltiples mensajes de odio y amenazas que desbordan el debate jurídico y ponen en riesgo mi tranquilidad y, lo más importante, la integridad física y emocional de mi familia.”, dijo.
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“Ninguna controversia jurídica, por importante que sea para la nación, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar. Por esta razón, y anteponiendo el bienestar de mi familia sobre cualquier consideración profesional, he tomado la difícil decisión de APARTARME DEL PROCESO Y RETIRAR LA DEMANDA DE NULIDAD instaurada ante el Consejo de Estado.”, añadió.
Según el abogado, el recurso judicial “fue el resultado de un estudio juicioso, técnico y riguroso de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado. Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”.
Asimismo, Castro Marín manifestó que se retira “con la tranquilidad de haber actuado conforme a derecho” y con la satisfacción de que el Consejo de Estado haya encontrado mérito jurídico en sus argumentos al admitir la demanda.
Finalmente, el litigante hizo un llamado a la sociedad y afirmó que “atacar al litigante por ejercer la ley es atacar la democracia misma”.
