El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, pidió a la Corte Constitucional suspender el polémico decreto de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Concretamente solicita el exfuncionario la suspensión provisional del Decreto 1474 de 2025 en una petición formal enviada el 13 de enero pasado, argumentando que la normativa de excepción presenta vicios formales e inconstitucionalidades.
Se fundamenta la suspensión del decreto, explica Londoño, en la “imperiosa necesidad de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución, ante la existencia de vicios formales e inconstitucionalidades manifiestas que comprometen la validez y legitimidad del decreto legislativo”.
La norma, añade, “no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional para la expedición de un decreto legislativo en el marco de una declaratoria de emergencia económica y social”.
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Y advirtió en esta línea que hay “ausencia de hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles que justifiquen su expedición” y, por lo tanto, “una desnaturalización del sistema constitucional de estados de excepción, al fundamentar la crisis en circunstancias históricas y estructurales que deben ser gestionadas por los mecanismos ordinarios previstos en el marco democrático y/o que corresponden a hechos atribuibles a las políticas implementadas por el mismo Gobierno”.
Esta petición se suma a la del Consejo Gremial Nacional, que solicitó también a la Corte Constitucional la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, base legal para la declaración del Estado de Emergencia Económica en Colombia, sosteniendo que mantener vigente este decreto podría desencadenar distorsiones económicas e inseguridad jurídica, lo que generaría un clima adverso para la inversión y afectaría el funcionamiento normal del sistema económico.
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Dicha solicitud, presentada el 13 de enero pasado por Camilo Sánchez, presidente y representante legal del Consejo, fue remitida al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, para que el asunto sea sometido a la valoración de la Sala Plena del alto tribunal defensor de la Carta Política.





















