El Consejo de Estado dio trámite a una demanda presentada contra el Decreto 1469, expedido el pasado 29 de diciembre, mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo legal mensual que regirá en Colombia durante 2026.
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La acción judicial cuestiona la legalidad del decreto y sostiene que su contenido desconoce principios constitucionales y administrativos fundamentales, como la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la debida motivación que deben caracterizar los actos del Ejecutivo.
En ese sentido, advierten que se produjo una “sustitución de los parámetros legales”, al apartarse del procedimiento habitual de negociación.
La normativa vigente establece que, para fijar el incremento del salario mínimo, deben evaluarse variables como la inflación registrada, la meta inflacionaria, los niveles de productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la demanda sostiene que estos criterios no fueron determinantes en la decisión adoptada por el Gobierno.
De hecho, según el texto de la acción judicial, el propio decreto reconoce que el aumento no se calculó a partir de dichos indicadores. En su lugar, el Ejecutivo habría tomado como referencia la brecha existente entre el salario mínimo actual y una estimación del denominado “salario vital”, elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su momento, el Ejecutivo señaló que con esta declaratoria, con la que podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes, busca enfrentar “la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales” por una “situación fiscal que adquirió el carácter de grave”.
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El presidente Gustavo Petro, por su parte, defendió antes de la publicación del decreto la declaratoria de la emergencia económica y argumentó que Colombia tiene “un déficit primario en las finanzas públicas” desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Criticó además al Congreso por “derrumbar ya por dos veces el proyecto de financiación (reforma tributaria) presentado por el Gobierno” y al Banco de la República (emisor) por mantener inalterada la tasa básica de interés en el 9,25 %, nivel vigente desde abril.
