En medio de la crisis financiera por la que atraviesa la Universidad de Antioquia el presidente Gustavo Petro convocó una reunión especial en su despacho para abordar para abordar este tema.
Según el mandatario, esta alma máter es la segunda universidad pública de mayor calidad en el país, lo que, en sus palabras, evidencia que “Colombia tiene mayor calidad de su educación superior pública que la privada”.
Petro manifestó la que la universidad necesita un “plan de salvamento” así como una expansión a las comunas populares de Medellín y en la provincia antioqueña que no han hecho, aseguró, los dirigentes locales.
A esto el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, respondió cuestionando la presencia del delegado presidencial Wilmar Mejía en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia tras resultar enlodado en la polémica por la filtración de las disidencias de ‘Calarcá’ en la inteligencia militar.
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“Primer paso: retirar, del Consejo Superior de la UdeA, y de cualquier otra universidad pública, a agentes de inteligencia al servicio de la DNI”, afirmó el mandatario departamental sugiriendo que a Mejía es necesario retirarlo.
Y es que la universidad enfrenta una grave crisis financiera: para 2026 tendrá un recorte superior a 65.000 millones de pesos y arrastra un déficit estructural que supera los 400.000 millones. Según estimaciones, requiere más de 130.000 millones adicionales para su funcionamiento inmediato.
Ya el pasado 27 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación había suspendido a Wilmar Mejía, también funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, tras ser mencionado en chats y otros documentos que los vincularían a las disidencias de las Farc. El general del Ejército Juan Miguel Huertas también fue sancionado.
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“Hace algunos minutos el procurador delegado para estos asuntos tomó la determinación que estábamos esperando. Faltaban algunas pruebas, pero ya llegaron. Se suspenden de manera provisional al general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato... No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante (en la investigación”, declaró en su momento el procurador Gregorio Eljach a Noticias Caracol.
Agregó que el objeto de estas suspensiones tiene la intención de que las personas suspendidas interfieran en el proceso de investigación o que estas, o que estando en el cargo, vuelva a incurrir con la misma conducta, o que usen el poder para evitar ser investigadas.
El procurador insistió en que se trata de una medida provisional, solo mientras se adelanta la investigación correspondiente, a la espera si se sancionarán de acuerdo a si hay o no responsabilidad.
