El escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la cúpula militar y judicial del país, luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara que la información de “máxima gravedad” incautada a las disidencias de las FARC en julio de 2024 no estaba siendo investigada de manera adecuada por la fiscalía a cargo en Medellín. Esto ha desatado la respuesta del ente acusador.
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La situación es tal calibre que la fiscal general, Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata de la Delegada contra la Criminalidad Organizada para impulsar líneas de investigación que apuntan directamente a la seguridad nacional.
Los hechos se remontan al 23 de julio de 2024, en Anorí (Antioquia), cuando una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC fue interceptada en un retén militar. Entre los ocupantes se encontraban cabecillas como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez.
Aunque estos cuatro cabecillas no fueron capturados debido a la suspensión de sus órdenes de captura en el marco de la Ley de Paz Total y los diálogos de paz del Gobierno, las autoridades sí incautaron una gran cantidad de material sensible: computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos.
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El material fue sometido a análisis forense por la Dijín de la Policía. Si bien los elementos habían servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las FARC y lograr la condena de dos integrantes de la caravana, María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, la Fiscalía ha precisado que la dependencia de Medellín a cargo de la investigación no remitió reportes ni copias de los hallazgos cruciales a sus superiores jerárquicos durante 16 meses.
Fue solo hasta verificaciones realizadas por la fiscal general que se descubrió la existencia de información no investigada.
Por esta razón, la fiscal general dispuso de la apertura de nuevas líneas de investigación que apuntan a posibles delitos de “extrema seriedad”, entre los que se cuentan la cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias; amenazas a la seguridad nacional; presunta financiación de la campaña a la Presidencia; y la alianza entre distintos actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
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Como consecuencia directa de este análisis, la Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo, precisaron, es indagar la conducta del brigadier general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera, cuyo nombre ha sido mencionado en los elementos incautados y presuntamente vinculado a actividades ilegales, incluyendo la supuesta articulación de negocios fachada para las disidencias.
La Fiscalía General recordó que, si bien debe acatar el levantamiento de órdenes de captura en el marco de la Paz Total, la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, emitida por la propia fiscal general, precisa que sí procederá la captura en flagrancia respecto a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, incluso bajo el régimen de suspensión de órdenes de captura.
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Esta nueva directriz busca despejar los vacíos de interpretación de la Ley 2272 de 2022, reafirmando que la negociación de paz no constituye un blindaje absoluto ante la comisión de graves crímenes.
