La Fiscalía de la Justicia Penal Militar abrió este lunes 17 de noviembre una indagación por el bombardeo que ejecutaron las fuerzas armadas en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en el cual murieron siete menores de edad que estaban reclutados.
“Se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar, Guaviare, en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias Iván Mordisco”, indicó la fiscalía militar.
La orden del bombardeo fue dada por el presidente Gustavo Petro con el objetivo de neutralizar a alias Pescado y ‘Jimmy Martínez’, aliados de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare. Sin embargo, el ataque aéreo a un grupo de la facción disidente que estaba acorralando a soldados en tierra, dejó varios menores muertos, un acto considerado como violación al Derecho Humanitario Internacional.
No obstante, para el jefe de Estado; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y la cúpula militar, este operativo se ajustó al DIH, que establece que estos menores eran blancos lícitos al estar en “situación continua de combate”.
“Somos respetuosos de los derechos humanos. Había una grave amenaza contra nuestro militares, que eran 20, eran más de un centenar y podían llegar más. Estaban muy cerca. Habían atentado contra el alcalde de Calamar y habían atentado contra los religiosos. El Presidente autorizó un apoyo aéreo, incluyendo el bombardeo. Estaríamos llorando. El único crimen que se cometió es el del reclutamiento forzado", añadió el mindefensa.

El hecho ha creado gran polémica en diferentes sectores del país, por lo que la Justicia Penal Militar decidió abrir una indagación “con el propósito de verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la Fuerza Pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado. Esta Fiscalía reitera el respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y de legitimidad del actuar de la Fuerza Pública en el marco de sus operaciones”.





















