Durante la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro el miércoles 12 de noviembre, la fiscal Lucy Laborde dijo que en hechos ocurridos entre 2020 y 2022 el hijo del presidente Gustavo Petro habría incluido una experiencia laboral falsa en su hoja de vida ante el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) y que además alteró cifras en su declaración de renta.
La delegada del ente acusador indicó que el primer hecho se registró el 1 de enero de 2020, cuando el exdiputado del Atlántico presentó en su hoja de vida una experiencia laboral en la empresa Energía Delta, la cual resultó ser falsa porque la misma compañía le informó a la Fiscalía que no había tenido vínculos con Nicolás Petro.
“Es así como registró en su hoja de vida, en el acapite de reporte de empleos, información correspondiente a una relación laboral con la empresa de energía Delta Limitada, del 1 de enero de 2020”, señaló la fiscal, agregando que este es uno de los hechos que soportan la imputación por el delito de falsedad en documento público.
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Durante la diligencia, la fiscal también aseguró que Nicolás Petro habría alterado algunas cifras presentadas en su declaración de renta. Estas tienen que ver con unos documentos que certificaban dos abonos a un proyecto de vivienda, uno por $49.300.000 y otro por $100.000.000. Sin embargo, los montos reales desembolsados habrían sido de $19.300.000 y $50.000.000.
Según la fiscal, estos documentos alterados en las declaraciones de renta de Nicolás Petro sostienen la imputación por el delito de falsedad en los registros presentados.
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Los demás delitos por los que el ente investigador acusa al hijo del jefe de Estado son: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.
Duro llamado de atención del juez a la fiscal
La fiscal también habló sobre presuntas irregularidades en la gestión y direccionamiento de contratos firmados con una fundación vinculada a la Gobernación del Atlántico, proceso que denominó como ‘Caso Fucoso’.
“A usted, señor Nicolás Fernando Petro, se le hace la imputación de cargos, puesto que los funcionarios de la Gobernación del Atlántico a cargo de la ordenación del gasto, esto es, el señor como secretario general del Atlántico. Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto que, por vía de contratación directa, determinó a la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyosy de su esposa Daysuris Vásquez Castro”, manifestó la representante del ente acusador.
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En medio de la diligencia, el juez solicitó a la fiscal Lucy Laborde explicar de qué manera el procesado pudo haber ejercido influencia sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.
“Si usted no me da un acontecer fáctico, yo no la dejo imputar ese tráfico de influencias”, advirtió.
Se trata de un nuevo proceso además del caso principal que enfrenta por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, imputados en 2023 tras revelarse supuestos movimientos de dinero no justificados, y que actualmente se encuentra en la etapa preparatoria de juicio.
Ante el despacho judicial, la Fiscalía confirmó que la radicación no solo era imputación de los nuevos delitos, sino también medida de aseguramiento por el mencionado ‘caso Fucoso’, sin embargo, el juez separó los momentos procesales.
El togado hizo un llamado de atención a la fiscal Laborde para que explicara si existe o no una doble judicialización, luego de que así lo manifestara la defensa del exdiputado del Atlántico.
“El señor defensor nos indica que por ese presunto incremento patrimonial derivado de estos contratos, ya se le viene judicializando en etapa ya de juzgamiento en otro proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. Y aquí, por esos mismos hechos, por ese mismo incremento patrimonial, no se le está aplicando el delito subsidiario, sino que se le está aplicando la base delictiva que es peculado por apropiación y el interés indebido en la celebración de contratos. ¿Qué nos puede precisar o decir sobre eso, doctora Laborde?“, intervino el juez.
Ante esto, la fiscal Laborde respondió: “Nos encontramos ante una cadena de delitos a partir de unos hechos y por eso se le está imputando el delito de peculado por apropiación”.
