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La Procuraduría alertó este martes de una nueva crisis humanitaria en el norte del departamento de Antioquia, que dejó a cerca de 2.500 personas desplazadas en las últimas 24 horas por enfrentamientos entre grupos armados.

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El Ministerio Público denunció en un comunicado “la vulneración sistemática de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) contra las comunidades de esta zona del país, relacionadas con prácticas de control territorial, enfrentamientos armados con interposición de la población civil y confinamientos”.

“Frente a estos hechos, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz hizo un urgente llamado al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas y autoridades del territorio” para activar los operativos de protección de las víctimas y brindar atención humanitaria.

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La Defensoría del Pueblo alertó el lunes que los municipios más afectados son Briceño, Anorí y Tarazá, y que en esa región se libra una guerra entre el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC.

“Esta zona del departamento, históricamente ha sido disputada por grupos armados ilegales, debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y sus corredores de movilidad hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento”, expresó el ente público en un comunicado.

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El mes pasado, un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alertó de que la violencia y el conflicto armado colombiano han obligado a más de 79.000 personas a desplazarse de manera masiva en Colombia entre enero y agosto de 2025, un incremento del 94 % frente al mismo periodo del año anterior.