La libertad de prensa en Colombia enfrenta un “ambiente hostil” alimentado por los discursos de estigmatización del presidente, Gustavo Petro, y amplificados por ‘influencers’ contratados por su Gobierno que hacen propaganda, alertó este domingo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
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El más reciente informe semestral de la SIP, presentado durante su 81ª Asamblea General que se celebra desde el jueves en Punta Cana (República Dominicana), advierte también sobre “una tendencia preocupante” a dilatar los trámites de acceso a la información y sobre proyectos en el Congreso que representan “amenazas adicionales” a la libertad de prensa.
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Sobre los discursos de estigmatización de Petro, que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha identificado como un “riesgo estructural para el ejercicio periodístico”, la SIP recuerda que “en reiteradas ocasiones, el primer mandatario ha señalado a periodistas y medios de comunicación de ser parte de entramados ilegales, acusándolos, sin pruebas, de mafiosos o de promover la violencia”.
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Ambiente hostil
El informe resalta la “presión política e institucional contra el Canal Uno”, que opera en una frecuencia estatal bajo el modelo de concesión a privados.
En ese sentido, sostiene que “la acumulación de procesos e intervenciones oficiales ha sido percibida como una forma de persecución política que amenaza el pluralismo informativo en televisión abierta”.
Este “ambiente hostil”, señala la SIP, ha tenido consecuencias directas sobre periodistas, como el caso de Paola Herrera, quien anunció su retiro del periodismo tras enfrentar hostigamiento sistemático y campañas de estigmatización, incluso por parte del presidente.
El informe también documenta otros casos de agresiones verbales y físicas, y amenazas de muerte contra periodistas, entre ellos el atentado perpetrado en julio pasado frente a la residencia del director de la emisora Guaviare Estéreo, Gustavo Chicangana Álvarez, en San José del Guaviare (sureste).
‘Influencers’ del Gobierno
Según la SIP, está documentado que el Gobierno contrata a influenciadores bajo la figura de prestación de servicios, contratos que por cierto Petro ha dicho que se deben eliminar al considerarlos formas de precarización laboral.
Los ‘influencers’ funcionan “como operadores digitales de propaganda y, en ocasiones, atacan o desprestigian voces críticas”, sostiene el informe, que asegura que el uso de ‘troles’ vinculados al oficialismo amplifica el efecto del discurso estigmatizante.
Por otro lado, el documento señala que “no se observa aún un patrón sistemático”, pero advierte que “sí se ha identificado una tendencia preocupante a dilatar o hacer más engorrosos trámites de pedidos de información con argucias jurídicas”.
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Además, afirma que el sistema de medios públicos, RTVC, “ha sido instrumentalizado para difundir mensajes alineados con la visión gubernamental, sin contraste informativo ni pluralidad de voces”.
En ese sentido, destaca la reciente “toma” de redes sociales de múltiples entidades estatales para replicar el discurso oficial sobre la crisis del sistema de salud, lo que, según la SIP, “ilustró la gravedad de esta práctica, que erosiona la independencia de los medios públicos”.
Amenazas adicionales
Finalmente, el informe alerta sobre proyectos que se tramitan en el Congreso y que podrían restringir aún más la libertad de prensa, entre ellos uno que impondría multas a periodistas incluso después de retractarse.
También, advierte sobre un controvertido proyecto de ley del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que le otorgaría funciones de inspección, vigilancia y control, y facultades de policía administrativa y toma de posesión sobre empresas que usen el espectro electromagnético, incluidos los medios de comunicación.
La SIP, con sede en Miami y compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.
El llamado de la SIP a Gustavo Petro
Considerando todas las situaciones ya expuestas, la 81ª Asamblea General de la SIP resolvió “instar al gobierno (de Gustavo Petro) a que cese de manera inmediata la estigmatización en contra de periodistas y medios de comunicación".
Asimismo, exhortar al gobierno a respetar los principios de la libertad de expresión, lo que implica tolerar la crítica y abstenerse de desplegar acciones discriminatorias -positivas o negativas- en función de las líneas editoriales de los periodistas.
También insta al gobierno a garantizar que el sistema de medios públicos funcione con independencia editorial y refleje la diversidad de voces y perspectivas del país, evitando su utilización como herramienta de propaganda oficial y como espacio exclusivo para replicar el discurso gubernamental.
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Igualmente le pide abstenerse de otorgar privilegios o restricciones a medios de comunicación y periodistas con base en sus líneas editoriales, opiniones o enfoques informativos, garantizando condiciones equitativas para el ejercicio del periodismo sin discriminación ni represalias.
Por último, llama la atención al gobierno sobre la importancia de respetar plenamente todas las garantías que implica el ejercicio de la libertad de prensa, especialmente en el contexto de los próximos procesos electorales, en los cuales dicho respeto resulta fundamental para la garantía y el buen funcionamiento de la democracia.
