La activista venezolana Ana Karina García, directora de la Fundación ‘Juntos se Puede’, denunció una serie de seguimientos y actos de hostigamiento contra ella y su equipo de trabajo en Bogotá. La fundación que lidera brinda acompañamiento humanitario y legal a migrantes y refugiados venezolanos en situación de vulnerabilidad.
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Según lo manifestado por García, el más reciente incidente ocurrió este miércoles, cuando su asistente fue interceptada por dos hombres con acento venezolano, quienes, tras confirmar que trabajaba para la fundación, le arrebataron el celular de forma violenta.
“La empujaron hacia una esquina, la acorralaron, le quitaron el celular, le pidieron que lo desbloqueara y se lo llevaron”.
Además, denunció que, desde el mes de agosto, una camioneta con placas venezolanas ha sido vista vigilando tanto la sede de la organización como su lugar de residencia.
“Esta realidad, luego del atentado del lunes en Bogotá contra dos activistas venezolanos, nos genera una enorme preocupación por la vida y la integridad física de quienes somos perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, advirtió.
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Estos hechos ocurren apenas tres días después del atentado a tiros contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, ocurrido el pasado lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá. Ambos sobrevivieron al ataque, pero el hecho encendió las alarmas dentro de la comunidad exiliada venezolana.
La directora de la fundación solicitó protección inmediata al Gobierno nacional, a la Cancillería, a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad Nacional de Protección (UNP). También pidió celeridad en los trámites de refugio y medidas colectivas de protección para líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas exiliados en Colombia.
El caso ha generado inquietud en organizaciones humanitarias y en sectores de la oposición venezolana, como la dirigente María Corina Machado, quien calificó la reciente ola de ataques como una “escalada inédita” de violencia política.
