El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó en segunda instancia que el presidente Gustavo Petro vulneró los derechos fundamentales del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño con afirmaciones que afectaron su honra y buen nombre.
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El fallo mantiene la orden de retractación impuesta en primera instancia por el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá el 28 de agosto, que exige al mandatario rectificar en un plazo máximo de cinco días.
Las acusaciones del presidente
El fiscal Burgos interpuso una acción de tutela tras las declaraciones del jefe de Estado, realizadas en televisión y a través de su cuenta de X, en las que lo señaló de ser un “fiscal subordinado a la mafia”, “narcofiscal” y de favorecer al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el proceso por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena en mayo de 2022.
Además, Petro aseguró que Burgos borró el nombre de Marset de la investigación y que ejerció “tortura psicológica” contra su hijo, Nicolás Petro Burgos, en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Argumentos del Tribunal
La Sala de decisión, con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo, concluyó que estas afirmaciones excedieron los límites del debate público y de la libertad de expresión, pues no contaban con sustento probatorio ni respaldo judicial.
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El Tribunal recalcó que las expresiones del presidente no pueden catalogarse como opiniones políticas, como argumentó la defensa, sino como hechos verificables que carecen de pruebas. La Fiscalía General de la Nación certificó que no existen investigaciones ni procesos disciplinarios en contra del fiscal Burgos por vínculos con organizaciones criminales.
En su análisis, la corporación judicial recordó que la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no es absoluta. Las declaraciones presidenciales desconocieron la presunción de inocencia y lesionaron la dignidad e integridad personal de un funcionario que actuó en el marco de sus competencias legales.
Forma de la retractación
El fallo mantiene la orden de rectificación pública en una sesión televisada del Consejo de Ministros, donde el presidente deberá desmentir lo dicho en su declaración del 4 de febrero de 2025. También deberá publicar rectificaciones en su cuenta de X, en relación con cinco mensajes en los que vinculó a Burgos con mafias del narcotráfico.
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El abogado de Mario Burgos, Juan Sebastián Rondón Duarte, celebró la decisión y aseguró que “reafirma la independencia del poder judicial frente a los demás poderes públicos y dignifica la función de los jueces y fiscales”.
Según la defensa, las declaraciones del presidente constituyeron una campaña de desprestigio contra Burgos por su papel en las investigaciones que involucraron a Nicolás Petro Burgos.
