La justicia colombiana emitió una sentencia al condenar al exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, a 28 años de prisión por ser determinador en el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999.
Principales condenas y sanciones
El fallo declara al exfuncionario responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, por el que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.
Además, deberá pagar una multa equivalente a 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El condenado fue inhabilitado por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.
El caso fue calificado como un delito de lesa humanidad, lo que implica que no otros elementos usuales de prescripción pueden aplicarse.
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Cómo ocurrieron los hechos, según la Fiscalía
La investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, determinó que Narváez se reunió con el exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil, proponiéndole retener y asesinar a Córdoba bajo la premisa de que ella colaboraba con el ELN.
Para respaldar esa petición, el ahora condenado también entregó información clasificada del DAS al paramilitar, con el fin de sustentar el argumento para el secuestro.
Durante la operación del secuestro, Córdoba fue interceptada mientras asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín. Fue retenida hasta el 4 de junio de 1999, cuando fue liberada gracias a intervenciones de actores políticos, sociales y negociadores humanitarios.
Antecedentes judiciales de Narváez
La condena por el secuestro de Córdoba no es la única sentencia que pesa sobre José Miguel Narváez:
- Fue condenado por su participación en el asesinato de Jaime Garzón.
- También fue sancionado por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.
Estas sentencias anteriores denuncian el patrón de un agente con capacidad de coordinación institucional y paramilitar que, en múltiples ocasiones, abusó de su posición para intervenir en crímenes políticos.
Repercusiones y ruta de apelación
La sentencia fue de primera instancia, por lo que proceden recursos legales por parte del condenado.
Al declararse el caso como delito de lesa humanidad, se refuerza la importancia simbólica y judicial del fallo, pues ubica el hecho dentro del contexto de violaciones graves a los derechos humanos.
