El Gobierno de Catar emitió un comunicado este jueves 18 de septiembre informando sobre el comienzo de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que se realizarán en ese país.
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Este viernes, el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, desde Doha, dio detalles de los primeros compromisos establecidos para ambos bandos para la instalación de la mesa de diálogos. También habló del plan piloto que se desarrollará en varios municipios del país afectadas históricamente por la violencia y ausencia estatal.
“El horizonte de estas conversaciones es la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz en los territorios”, dijo Jiménez en entrevista a Blu Radio.
En cuanto al plan piloto, estaría destinado a los municipios de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en Chocó, y Dabeiba, en Antioquia. Se trata de poblaciones donde el Clan del Golfo ha tenido su epicentro en cuanto a economías ilícitas.
“Son municipios donde por décadas la institucionalidad ha sido insuficiente y en donde se han consolidado economías ilegales como la coca, la minería o el tráfico de madera. El propósito es disminuir la violencia y construir Estado social de derecho”, agregó Jiménez.
Detalló que la idea del Gobierno es transformar esos territorios mediante inversión social, presencia institucional y garantías de derechos, especialmente para la niñez.
Apuntó Jiménez que uno de los compromisos del Clan del Golfo es cesar el reclutamiento forzado y a permitir la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para verificar y acompañar los procesos de restitución de derechos.
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“No puede haber niños que aguanten hambre, que no tengan padres, que no tengan escuelas o acceso a la salud. Si un espacio no es seguro para los niños, no lo es para la comunidad entera”, dijo Jiménez.
Como parte de los compromisos que se adquirirán por parte de ambos bandos, será tratar de reemplazar las economías ilegales por alternativas sostenibles y legales. Hay que recargar que en las zonas mencionadas persiste la explotación ilícita de minerales, el cultivo de hoja de coca y el tráfico de cocaína.
“Vamos a construir Estado social de derecho donde no lo hay, y eso implica transformar las economías ilegales en legales, con participación de las comunidades”, explicó.
En referencia a los beneficios jurídicos o penales a los miembros del grupo armado, Jiménez detalló: “Todavía no hemos abordado la discusión de beneficios penales o entrega de bienes. Eso dependerá de la ley que se apruebe en el Congreso”.
