Víctimas de secuestros de las FARC expresaron este martes su disconformidad y decepción con las primeras penas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete integrantes del último mando de esa guerrilla al considerar que las condenas fueron blandas y que todos los beneficios fueron para los victimarios. Para los civiles y exmilitares que permanecieron años encadenados por esa guerrilla, el fallo de la JEP es una burla que no repara a las víctimas del secuestro y aseguran que la sentencia es indignante y decepcionante.
La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el último secretariado de las FARC ha generado inconformidad entre las víctimas del secuestro. Para quienes pasaron años en cautiverio. Un fallo que es una burla que no repara a las víctimas del secuestro y aseguran que la sentencia es indignante y decepcionante.
El general Luis Mendieta, secuestrado en la toma de Mitú el 01 de noviembre de 1998 y retenido casi 12 años, criticó que la decisión se aparta de lo que pidieron las víctimas en las audiencias.
“Se solicitaba la exclusión de los del secretariado porque no contribuyeron a la verdad, y aparte de eso no habían entregado bienes para esa reparación a ese gran universo de víctimas, y en mi opinión muchas de las víctimas que solicitaban que se les devolvieran sus seres queridos que todavía no se ubican, desaparecidos, que pudiesen volver a sus tierras porque no han podido quedaron las disidencias y esas víctimas no pueden ir a sus territorios”, señaló.
La excongresista Clara Rojas, secuestrada junto con Ingrid Betancourt en 2002, también expresó su inconformidad.
“Me parece que ahí los magistrados, con todo el respeto que les tengo, fallaron porque la pena tiene que resarcir a la víctima. Yo ni siquiera sé por qué me secuestraron. Debe haber una sanción si estamos de acuerdo con que no hay pena restrictiva de la libertad, por lo menos esta restricción de libertades sí les daba margen para que la sanción fuera superior. Pensemos entre 15 y 18 años porque la magnitud de los hechos son muy graves. Entonces sí, una decepción”,
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Otros testimonios refuerzan esa percepción de injusticia. Helmuth Angulo, hijo de Carmenza y Gerardo Angulo, secuestrados en el año 2000, dijo que aún buscan respuestas. “A veces nos sentimos tan humillados con el tema porque no debería ser, el secuestro de un par de ancianos, no solo secuestro sino tortura, debería ser algo que sea prioridad de la justicia colombiana, y a veces sentimos que les estamos rogando para que por favor nos entreguen información”.
En la misma línea, Sigifredo López, también exsecuestrado, cuestionó la labor de la JEP. “La investigación mediocre produce sentencias que acaba revictimizándonos a nosotros porque constituye una burla al sufrimiento y dolor de las víctimas”.
Para el exgobernador Alan Jara, retenido por más de siete años, el dolor es irreparable. “No hay cómo restituirlo, ni con cadena perpetua, ni con un fallo restaurativo, realmente lo que entiende uno es que no es un tema que pueda repararse el daño causado es para toda la vida”.
Las condenas
La JEP declaró responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad a siete exmiembros del secretariado de las FARC. Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Pastor Alape, Jaime Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
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Fueron condenados por secuestros, homicidios y desapariciones forzadas, con una sanción de ocho años de restricción de derechos que no implica prisión. Ninguno de ellos asistió presencialmente a la audiencia en Bogotá.
“Declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”.
Mientras tanto, las víctimas insisten en que la verdad sigue incompleta y que los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz aún no logran sanar las heridas que dejó el secuestro en miles de familias colombianas.
