Dos militares resultaron gravemente heridos luego de que un grupo de personas les rociara gasolina y les prendiera fuego durante de un operativo para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína en el municipio de Villagarzón, en el departamento del Putumayo, informaron este miércoles fuentes castrenses.
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La Vigésima Séptima Brigada del Ejército indicó que supuestamente la construcción era de propiedad de los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC.
“Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército, quienes se encontraban realizando operaciones militares en Villagarzón, Putumayo”, dijo el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en redes sociales.
Detalló que “durante la destrucción de un laboratorio ilegal de cocaína, fueron atacados en una asonada: les rociaron gasolina y les prendieron fuego para interrumpir el procedimiento”.
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En ese sentido, el ministro aseguró que “quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos”, sino que “son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”.
Defensoría del Pueblo pide suspender diálogos con grupo armado
Ante el aberrante ataque a los militares en el departamento del Putumayo, la Defensoría del Pueblo afirmó que rechaza de manera categórica y enérgica lo sucedido.
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Además, la entidad envió un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados y calificó los hechos como “intolerables”.
Es por ello que solicitó al Gobierno Nacional hace un alto en la mesa de diálogo de paz con el grupo armado ilegal que perpetró el ataque hasta que se logré un compromiso de no repetición.
“En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición.”, se lee en el comunicado.
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“Este accionar contraviene los principios de buena fe y el compromiso con el desescalamiento de la violencia, así como compromisos básicos de humanidad.”, agrega.
Finalmente, la entidad solicitó a las autoridades investigar el nuevo hecho perpetrado contra la Fuerza Pública, que en los últimos meses ha sido víctima de constantes ataques que han cobrado la vida de decenas de uniformados.
“Todos estos hechos están siendo verificados en el monitoreo de la Defensoría del Pueblo.”, puntualiza.
Delegación del Gobierno los condiciona
Ante estos graves hechos, la delegación de paz del Gobierno que adelanta negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, exigió que este grupo rechace de manera categórica e inmediata este atentado contra la integridad y la vida de los miembros de la Fuerza Pública cuando adelantaban acciones legítimas de presencia en el territorio.
“Nuestra delegación que se encuentra adelantando una reunión preparatoria para la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, se retirará de la misma en forma inmediata para adelantar consultas con el Consejero Comisionado de Paz y el señor presidente de la República”, se lee en el comunicado.
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, señaló: “Si no hay un pronunciamiento claro, nos levantaremos de manera inmediata de la mesa y elevaremos la respectiva consulta al comisionado de Paz y al presidente de la República”
