El Grupo de los 38, conformado por importantes juristas, aseguró que la renuncia a la prescripción del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso judicial que se le sigue por presunta manipulación de testigos, “lejos de suponer un acto de cálculo político sin relevancia jurídica, como lo han calificado sus contradictores, es una decisión que contribuye a la verdad y a la justicia como pilares fundamentales de la sociedad”.
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Agregan los legistas que la solicitud del líder natural del Centro Democrático debe entenderse en su verdadera dimensión: “Se trata del sacrificio de una garantía procesal para procurar otra igualmente fundamental, como es el respeto pleno del derecho al debido proceso y a un juicio justo; concretamente a que su condena de primera instancia pueda ser efectivamente revisada en forma completa e integral por el Tribunal Superior de Bogotá”.
Lo dicho, explican, constituye la esencia del derecho a la doble instancia establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
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Ponen de presente que el expediente a revisar es de más de 2.500 páginas de análisis jurídico que requieren estudio serio y riguroso en función de proteger al Estado de Derecho. Además, la apelación, por su naturaleza, impone al Tribunal el deber de realizar una revisión integral y completa del acervo probatorio recaudado en primera instancia.
“En estas circunstancias, la renuncia a la prescripción por parte del expresidente Uribe se entiende plenamente a la luz de la garantía de la doble instancia, establecida en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8.1 establece el derecho de toda persona a ser oída ‘dentro de un plazo razonable’. (...) Es así que la justicia debe tener medios y tiempos para el estudio y la revisión de los casos, que permitan a los jueces adoptar sentencias en derecho, debidamente razonadas y con un análisis crítico de las pruebas, sin presiones externas”.
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Y cuestionan en este sentido ¿cómo puede el Tribunal Superior de Bogotá realizar esa revisión integral, amplia y comprehensiva que exige la Convención Americana en menos de dos meses, cuando debe analizar un expediente de tal magnitud?
“La premura impuesta por el vencimiento del término de prescripción podría convertir el recurso de apelación en una revisión meramente formal, vaciando de contenido el derecho fundamental a la segunda instancia”, concluyen.
