Por lo menos hacen falta $500 mil millones de pesos para el funcionamiento a mediano y largo plazo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según ha alertado la Contraloría, y de los que solo se han desembolsado $20 mil millones por parte del Ministerio de Hacienda.
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Estos recursos son utilizados para la reparación a las víctimas, las sanciones propias y el cumplimiento de las sentencias que se emitan como consecuencia de los macrocasos que atiende la justicia transicional.
“La Contraloría observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para las TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador) (…) Así mismo, no se tiene certeza de la financiación de los proyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias”, advirtió el ente de control.
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Otro de los aspectos que preocupa a la entidad, es la administración de los bienes de las extintas FARC, en las auditorías de los años 2022 y 2024 realizadas a la SAE, se ha puesto de manifiesto la baja monetización de los bienes que permitieran contar con recursos para la reparación de las víctimas del conflicto armado.
“Se presentan debilidades en el sistema de Justicia Transicional, con respecto a la articulación y coordinación interinstitucional para la implementación de sanciones y su financiación, entendiendo que las decisiones de las sentencias son de un mandato de hacer por parte de la JEP, lo que implica que el Ejecutivo debe prever y garantizar la ejecución desde el punto de vista administrativo y financiero para el cumplimiento de las mismas”, indicó la Contraloría.
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Para el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, la falta de articulación y coordinación puede conllevar a una “implementación ineficaz “de las medidas e impedir que las sanciones y los procesos restaurativos asociados tengan un impacto real y positivo en las víctimas, las comunidades afectadas y en los procesos de reincorporación, reintegración y definición de la situación jurídica de los comparecientes, afectando su seguridad jurídica.
“La ausencia de financiación para la ejecución de estas sanciones, puede llevar a la revictimización, frustración de la comunidad y la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia”, concluyeron.
