El país sufrió este jueves dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 21 muertos y pusieron en el punto de mira del Gobierno al Estado Mayor Central, EMC, la principal disidencia de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, señalado su Frente ‘Jaime Martínez’ como posible autor del atentado en Cali que deja siete personas muertas y 70 heridas, así como las disidencias de alias Calarcá, comandante del Estado Mayor del Bloques y Frentes, EMBF, porque al Frente 36 le atribuyen el ataque en Amalfi, Antioquia, que produjo la muerte de 13 policías y heridas a tres más.
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El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, donde los policías antinarcóticos murieron al ser impactado por un dron el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Horas después, en Cali, un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, dejando decenas de civiles muertos y heridos. La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la base contra la cual iba dirigido el atentado. Las autoridades confirmaron la detención en el lugar de dos sujetos que al parecer hacen parte de las disidencias de las FARC.
Al respecto, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de la Universidad Militar Nueva Granada, Néstor Rosanía, le dijo a EL HERALDO que “esto responde a lo que se llama una descentralización del conflicto armado: a mayor descentralización del conflicto hay más disputas por el control territorial y eso implica un aumento de la violencia”, agregando que “esa descentralización va acompañada con lo que se llaman portafolios de economía ilegal, que es fundamentalmente que ya los grupos no viven exclusivamente de la cocaína, sino que el narcotráfico va acompañado de minería ilegal: más vale un kilo de oro que un kilo de coca, y tienen diferentes fuentes de ingreso”.
Así mismo, advierte el catedrático de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, “la seguridad no puede verse con un prisma ideológico de izquierda o derecha, de Petro o Uribe, sino desde el prisma de la seguridad”.
Entre tanto, el doctor en derecho internacional y seguridad y defensa, César Niño, explicó en EL HERALDO que “esto significa que hay un mal diseño de la política de seguridad y defensa nacional aplicado al contexto colombiano, precisamente porque la proliferación de actores armados ha llevado a que exista un acorralamiento incluso del Estado colombiano en los territorios: en un evento prelectoral como el que estamos ahorita estos ataques pueden ser mucho más comunes y recurrentes precisamente porque esto reconfigura el equilibrio de fuerzas dentro del territorio colombiano”.
Añade el profesor de la Universidad de La Salle que “la política de la paz total no ha arrojado los mejores frutos y el destino del fracaso de esta política significa de alguna u otra forma el fortalecimiento de las estructuras armadas donde el Estado colombiano es extranjero en su propio territorio”.
Ante lo sucedido, el presidente Gustavo Petro pidió al Estado y al mundo declarar como organizaciones terroristas a la Junta del Narcotráfico y a las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, así como al Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. El Gobierno, dijo, iniciará las acciones jurídicas correspondientes para que los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta a escala mundial sean procesados por delitos contra la humanidad.
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Para el coronel (r) Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y seguridad nacional, según le dijo a EL HERALDO, esto se trata de “una maniobra demagógica de Petro, atada a la no probada existencia de la junta de narcos en Dubai. Parece una habilidosa estratagema para decretar la conmoción interior y tener dinero a raudales para mover la campaña política del Pacto y la constituyente que eternice el petrismo”.
Cuestiona al respecto el historiador castrense que “llamarlos luchadores políticos antes y ahora terroristas, es una maniobra engañosa, que además intenta ocultar con marrullas los nexos que se han destapado de la campaña Petro con carteles de las drogas durante la campaña. Al mismo tiempo, manipula el argumento de la paz, porque Santos negoció con las FARC siendo consideradas terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea. O sea que sí puede seguir negociando con esas bandas criminales y al mismo tiempo manejar a su antojo recursos públicos desviados para oscuras intenciones políticas del Pacto Histórico”.
Trampa preparada
El presidente Gustavo Petro aseguró este sábado que el ataque al helicóptero de la Policía que fue derribado el pasado jueves en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia, fue “una trampa preparada con antelación”.
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“El lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina, ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo. Se trataba de una trampa preparada con antelación para destruir a las personas que se ubicaran allí”, dijo el mandatario en su cuenta de X.
Reaparece Mordisco
Tras la captura de su hermano, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, reapareció en un comunicado cuestionando duramente al presidente Gustavo Petro.
En la carta, el jefe del Estado Mayor Central (EMC) aseveró: “No me sorprende que su gobierno y el estado criminal y narco paramilitar colombiano se ensañen contra las familias de guerrilleros, no es solo mi caso, es el de muchos guerrilleros”.
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Añadió que el “odio” del presidente Petro “lo llevará a cometer crímenes de guerra contra el pueblo, líderes sociales que luchan por el socialismo como única alternativa de alcanzar la paz mundial y la paz de Colombia”.
En su mensaje al presidente Petro, el cabecilla del EMC señaló: “Si usted lo desea, acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria, los mártires de otras épocas nos impulsaban a la resistencia Fariara y lo de ahora será con más furia para luchar por los cambios estructurales del país”.
Aumentan recompensa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó este 23 de agosto que el Estado colombiano aumentó a 2.000 millones de pesos la recompensa por información que permita ubicar a alias Chejo o ‘Alejandro’, señalado jefe de la autodenominada ‘Estructura 36’, brazo del cartel de narcotráfico de alias Calarcá.
La decisión se tomó en el marco de una reunión extraordinaria de seguridad.
En el mismo anuncio, se ofrecieron 300 millones de pesos por alias Guaricho y alias Eléctrico, quienes también integran dicha organización. El encuentro de seguridad, realizado en Rionegro, contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, así como de delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
