Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá, luego de que el Ministerio de Justicia y el Inpec concluyeran que existían amenazas contra su vida y dificultades para recibir atención médica en el centro penitenciario.
Le puede interesar: Murió en Santander Rosalba Merchán de González, madre de Carlos Ramón González
La medida, de acuerdo con lo que se conoció, se tomó tras las solicitudes de su defensa, encabezada por el abogado Francisco Bernate, y fue posible gracias a un cupo habilitado por el Ministerio de Defensa en la institución policial.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó en entrevista con ‘Blu Radio’ que la decisión estuvo motivada por razones de seguridad. “Los abogados de Epa Colombia desde hace varias semanas habían hecho solicitudes al gobierno nacional para un cambio de reclusión... alegan razones de seguridad, de amenazas contra su vida, contra su integridad”, señaló.
Montealegre rechazó que el traslado constituya un trato diferencial o un ejemplo de “machismo judicial”. Según dijo, estas medidas son habituales cuando un detenido enfrenta riesgos graves y no se limitan a personajes reconocidos públicamente. “Ella tiene en primer lugar y la razón fundamental para el traslado es que tiene problemas de seguridad”, enfatizó.
El ministro también aprovechó para llamar la atención sobre el hacinamiento carcelario, recordando que cerca de 20.000 personas privadas de la libertad permanecen en estaciones de policía ante la falta de cupos en los establecimientos penitenciarios. A su juicio, esta situación refleja un problema estructural del sistema de justicia en Colombia.
Lea también: Papá de Valeria Afanador pidió que paren las especulaciones sobre la desaparición de la menor
Asimismo, cuestionó la desproporción de las condenas en el país y criticó lo que definió como una “mala política criminal” y un “populismo punitivo” que ha derivado en penas excesivas.
En relación con el caso de Epa Colombia, condenada a 5 años y 2 meses por la destrucción de una estación de TransMilenio en 2019, afirmó: “La condena que se le impuso a Epa Colombia... es una pena supremamente alta que no se corresponde, no es proporcional a la gravedad de los hechos”.
