Los dos principales fracasos del gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en el país, han sido el déficit fiscal y la paz total. Lo primero porque si bien ha logrado en tres años reducir la inflación y el desempleo, el deterioro de las finanzas públicas por el elevado nivel de gasto ha incrementado el déficit fiscal y elevado el volumen de deuda pública. Y la paz total hace agua a un año de terminar su mandato por el fracaso de los diálogos con la guerrilla del ELN y la proliferación de grupos armados que han incrementado la violencia en el país, no obstante a que la ambiciosa propuesta también contempla negociar con las disidencias de las Farc y buscar el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo.
El déficit
Petro dijo el 20 de julio en el Congreso que el 7 de agosto de 2022 recibió el país con una inflación del 13,8 % –en realidad estaba en el 10,8 %– y en estos tres años la ha bajado al 4,82 %, mientras que el desempleo cayó en junio al 8,6 %, dos puntos menos que el 10,6 % que tenía cuando comenzó su gobierno.
Pero el crecimiento de la economía ha sido moderado, del 0,7 % en 2023 y del 1,7 % en 2024, impulsada por el consumo privado. El mandatario ha dicho que los resultados no son mejores porque no lo permite el Banco de la República, pues la tasa básica de interés, que estaba en el 9 % hace tres años, llegó a subir al 13,25 % a mediados de 2023 por la crisis de los contenedores y desde junio pasado está en el 9,25 %: “No se ha bajado significativamente la tasa de interés real en el país. Han bajado las nominales, pero no las reales que son las que interesan. Eso estanca ramas productivas como la vivienda, y enriquece más a los más ricos del país, que sin trabajar reciben mayores rentas del Estado”, afirmó Petro el pasado viernes.
Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional, FMI, indicó el 1 de agosto que la economía colombiana “navega un panorama complejo (...). Aunque el crecimiento se ha fortalecido y la inflación ha disminuido, persisten desafíos fiscales y la inversión privada continúa contenida”, pues el déficit del Gobierno, que en 2023 equivalía al 4,2 % del PIB, en 2024 subió al 6,7 %. “Como resultado, la deuda pública bruta ascendió al 61,2 % del PIB a fines de 2024, lo que subraya la necesidad de esfuerzos sostenidos en el mediano plazo”, agregó.
Al respecto, el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, le dijo a EL HERALDO que el déficit obedece a “una mezcla de factores: en primer lugar ingresos que no se cumplen, e incluso partidas de ingresos como sucedió el año pasado que claramente no se iban a cumplir, como arbitramento de litigios, también partidas en donde se ha sido demasiado optimista; y en segundo lugar el crecimiento económico ha sido muy bajo y eso no ayuda al recaudo: además es un crecimiento económico soportado en administración pública, que claramente no tributa”.
Tercero, agrega, “los gastos están subiendo de manera desbordada: si yo comparo el Presupuesto de 2022 con el de 2026 crece $110 billones, de los cuales $100 billones son en funcionamiento, donde se incluye derroche de burocracia, entonces están creciendo demasiado las órdenes de prestación de servicios, cosa que lo hace inviable”.
Simultáneamente, anota Restrepo, los gastos de intereses de deuda pública están aumentando, “porque la deuda es alta a pesar de que disminuyó durante tres años seguidos, hasta 2023, y de ahí en adelante se aumentó y va a llegar a máximos históricos este año y el próximo, eso eleva el costo de la deuda, que además se ha elevado por el aumento en la prima de riesgo país y por ello el costo de endeudamiento que sube entre un 30 % y un 40 %”.
Y en cuarto lugar, concluye, “la suspensión o activación de la cláusula de escape de la regla fiscal deja prácticamente sin límite el déficit fiscal y la deuda pública, entonces si la deuda sigue aumentando eso implica más costos en el Presupuesto, y si simultáneamente hay más déficit, hay más deuda, y eso también eleva el Presupuesto. Realmente es un escenario muy delicado porque a esto se suma una caída significativa en la caja, entre un 70 % y un 80 %, y un aumento excesivo en las reservas presupuestales”.
Todo esto, puntualiza, “como dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, nos está llevando al límite de un escenario de explosión de deuda pública, que sería muy crítico, porque habría problemas de acceso al financiamiento y problemas en la ejecución. ¿Qué implicaciones tiene para la gente? Todas, porque tiene un efecto inflacionario, de disminución de tasas, de volatilidad de tasa de cambio, de desconfianza en el sector empresarial, de menos inversión extranjera directa, menos inversión privada, de menos espacio para inversión social y productiva. Y un riesgo, que lo dije en un artículo en EL HERALDO, es la argentinización de Colombia en la época de los Kirchner, en donde el país tuvo un populismo fiscal incontrolable, que llevó a niveles de déficit superiores al 14 % del PIB y niveles de deuda superiores al 88 % del PIB, y en el déficit acumulado global más del 115 % del PIB”.
La paz total
Con la paz total los resultados han sido pocos: la destrucción de armas de los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño, y acuerdos con bandas de Medellín y Buenaventura que han disminuido los índices de violencia en estas ciudades.
“En medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total”, reconoció Petro en el Congreso.
Con el ELN las conversaciones comenzaron en noviembre de 2022, pero desde hace más de un año están suspendidas y la crisis en los diálogos se agravó luego de que en enero pasado esa guerrilla lanzara en el Catatumbo una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, en una disputa por el control territorial, lo que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos civiles, y unos 60.000 desplazados.
La semana pasada, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que 2025 va camino a ser el año de peores condiciones humanitarias en Colombia de la última década, por el aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados.
El CICR registró 524 personas heridas o muertas por explosivos en los primeros cinco meses del año, un incremento del 145 % con respecto a 2024. Por otra parte, entre enero y mayo hubo 85.760 personas confinadas en 13 departamentos, una subida del 169 % con respecto a los primeros cinco meses de 2024.
“Entre enero y mayo, 58.160 personas fueron desplazadas en diez departamentos, lo que representó un incremento del 117 % frente al mismo periodo de 2024”, señaló el CICR.
Tres años después del lanzamiento de la paz total, ningún grupo armado se ha desmovilizado, aunque se mantienen los diálogos con los Comuneros del Sur y dos disidencias de las Farc: el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Sin embargo, el Gobierno no negocia con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.
Para el doctor en Derecho Internacional y Seguridad y Defensa César Niño, “la política de paz total ha tenido fracasos estrepitosos. Aumentó la violencia y la inseguridad: uno de los puntos más críticos es que, a pesar de los ceses al fuego, se ha observado un recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país. Los enfrentamientos entre los propios grupos armados ilegales por el control territorial han aumentado, afectando a las comunidades y resultando en desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios de líderes sociales”.
El Estado colombiano, agrega el catedrático de la Universidad de La Salle en EL HERALDO, “tiene abiertos muchos frentes de posibles negociaciones y, al tiempo, enfrentamientos con grupos armados. Eso provoca colisiones y vulnerabilidades estratégicas. Hoy hay un crecimiento rápido de gobernanzas criminales y el Estado comparte su soberanía con actores armados. Hay una paz armada, porque son los actores armados quienes han construido las nociones de control y han expulsado a las fuerzas del Estado. La paz total no ha logrado ni desarmar ni desviolentizar al país. Eso ya lo muestra como un total fracaso”.
