BOGOTÁ. Las autoridades mantienen la búsqueda del ex director de Función Pública, César Manrique, por el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL HERALDO que desde el jueves de la semana pasada se había acordado con los abogados que a mediodía tenía que presentarse en el búnker, que es la sede central del organismo acusador.
No obstante, agregaron las fuentes, Manrique no se presentó y desde entonces se entregó al CTI y a la Dijín la orden de captura. Se le buscó además en su casa y la de sus familiares, sin éxito. Y también se hizo una búsqueda en Migración para conocer si el exfuncionario había salido del país, pero no hubo reportes al respecto.
Lea: ELN asesina a tres soldados del Ejército en emboscada en Chita, Boyacá
El exmilitante de la guerrilla del M-19 renunció al Gobierno cuando fue llamado a imputación de cargos, señalado de haber recibido un soborno por $3 mil millones y ahora permanece prófugo al igual que Carlos Ramón González, también ex M-19 y buscado por el caso Ungrd, quien pidió protección al gobierno de Nicaragua.
El proceso empezó con la delación del ex director de la Ungrd, Olmedo López, a quien un juez le negó en los últimos días un principio de oportunidad. Así mismo, el ex subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, dijo hace poco que aún falta más gente involucrada en el caso de corrupción.
A finales de julio pasado, una jueza penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manrique Soacha y otras siete personas que estarían implicadas en el escándalo.
“Los demás afectados con la decisión son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la Ungrd; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la Ungrd, Óscar Enrique Cárdenas Angulo”, se leía en el comunicado.
La Fiscalía imputó a Manrique Soacha y a los demás señalados involucrados en el entramado de corrupción, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“El exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos. En ese sentido, los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional”, indicó el ente acusador.
De acuerdo con las pesquisas, el contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por $29.000 millones, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados presuntos sobrecostos por $13.164 millones, de los cuales $3.000 millones habrían sido entregados a Manrique Soacha, $2.060 millones a Riveros Rey y 6.380 millones quedarían en manos de los directivos de Yapurutú.
