Durante el lanzamiento de la edición 376 de la revista Economía Colombiana, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo este jueves que la reforma al SGP, que aumenta las transferencias de recursos a las regiones, “corrige el centralismo, pero solo será exitoso si la ley de competencias distribuye bien las funciones que la Nación dejará de ejecutar”.
Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional a establecer una efectiva articulación con los gobernadores y alcaldes “más allá de cualquier tipo de concepción ideológica o política”.
Indicó el funcionario al respecto que el nivel de concentración que vive Colombia se observa en el hecho de que Bogotá recauda el 40% del producido total del impuesto predial y el PIB de la capital representa actualmente un 26% del PIB Nacional. En esa misma línea, el desarrollo industrial se ha concentrado en la región central donde se genera el 81% del producto bruto industrial, mientras en la periferia de Colombia se genera el 19 %.
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“El resultado de esa situación es la persistencia de enormes brechas sociales entre el centro del país y las regiones. Según el DANE, para el año 2022 se tenía que 106 municipios tenían un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) mayores al 75%, todos ellos situados en la periferia geográfica de Colombia, y en algunos casos ese índice estaba por encima del 90%”, señaló.
Por ello, continuó Rodríguez, la reforma en curso busca compensar en parte las brechas en los sectores priorizados calculadas en $122 billones en salud para la atención primaria, en $123 billones las de acueductos y gestión comunitaria del agua y en $110 billones las de educación.
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“La aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones, es la más profunda reforma a las relaciones presupuestales entre el gobierno central y los gobiernos territoriales, desde la promulgación de la Constitución de 1991”.
Y frente a posibles conflictos normativos en el futuro, puso de presente que “un caso ilustrativo es el de la reforma al sistema de salud, que establece que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) gestionará los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a salud, pese a que estos pertenecen a las entidades territoriales. Surge entonces una pregunta clave: ¿Cómo se conciliará esta centralización en la administración de los recursos con el fortalecimiento de la autonomía territorial que promueve la reciente reforma constitucional del SGP?”.
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Y concluyó, luego de que algunos analistas han advertido que un aumento del SGP podría generar una presión fiscal insostenible, incrementando el déficit y la deuda, que “sin embargo, esta preocupación parte del supuesto de que crecerá el gasto total, cuando en realidad se trata de trasladar recursos del nivel central a los territorios, conforme a las competencias ya descentralizadas”.
