Preocupada se encuentra la Procuraduría ante la falta de respuestas de la Cancillería en lo que tiene que ver con el proceso contractual para la expedición de los pasaportes que termina el próximo 31 de agosto con Thomas Greg & Sons, compañía con la que no hay indicios de prórroga.
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El Ministerio Público advierte que no se conocen los estudios previos técnicos del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional con la que el Gobierno Petro pretender imprimir las libretas.
El ente de control desconoce, además, los demás documentos precontractuales, tal y como lo dicta la ley de contratación estatal. “Contrario a lo anterior, se conocen unos estudios previos elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar con el aliado público internacional. Sin embargo, el convenio indica que la contratación la realizará la Imprenta Nacional de Colombia”.
Adicionalmente, la Procuraduría advierte que restan menos de 290.000 libretas por entregar en el marco del contrato actual con Thomas Greg y con la que Petro no quiere seguir expidiendo los documentos y con cuyo contrato vence el 31 de agosto de 2025.
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“Esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, considerando que no se ha definido con claridad quién asumirá la prestación del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025”, precisó la Procuraduría.
Aseveran que le “asaltan dudas” respecto a la posibilidad de que Thomas Greg preste el servicio pues se desconoce si ha sido notificado o consultado para suministrar pasaportes por medio de la urgencia manifiesta. Aunque el Gobierno ha descartado esta opción lo que genera aún más dudas.
“Sumado a esto, se desconocen las razones y el acto administrativo por el cual se suscribe el convenio por la secretaria general (en encargo) y no por la ministra de Relaciones Exteriores”, agregan.
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El Ministerio Público recordó que sobre la Imprenta Nacional pesan investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación para la fabricación de las cédulas de extranjería que le fueron encomendadas mediante un convenio contractual con Migración Colombia.
“El órgano de control reafirma que continuará con la vigilancia sobre este proceso y tomará las acciones correspondientes para que se garantice la prestación del servicio, la adecuada administración de los recursos públicos y la transparencia del proceso de contratación”, concluyeron.
