Desde el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, realizado en la ciudad de Quibdó, la Contraloría presentó los resultados de un estudio intersectorial que evaluó la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes en el periodo 2016 – 2023, señalando “preocupantes debilidades en su implementación”.
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En este sentido, advirtió el ente de control fiscal que hay desalineación entre la planeación y la implementación de la política pública, vacíos normativos, falta de indicadores y de metas claras para el seguimiento; escasa apropiación territorial de la política y desconocimiento por parte de los entes locales, y falta de asignación presupuestal específica para las estrategias, obligando a las entidades a ejecutar acciones desde rubros de funcionamiento, sin poder identificar si estos han sido adecuados o insuficientes.
“De acuerdo a una Auditoría de Cumplimiento realizada a Migración Colombia, esta entidad no cuenta con el recurso humano suficiente para ejecutar con eficacia las operaciones migratorias, por cuanto la contratación de personal operativo no ha sido directamente proporcional al incremento de los flujos migratorios en el país durante los últimos años”, se lee.
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En cifras, indicó que el flujo migratorio irregular que transitaba por el territorio colombiano hacia el norte del continente, disminuyó el 62% en lo corrido del año 2025, con la detección de 60.469 personas, frente a 160.708 para el mismo periodo del año 2024. Sin embargo, la dinámica migratoria se invirtió en sentido norte-sur, fenómeno caracterizado por el retorno de los migrantes irregulares de Norte y Centro América a sus países de origen.
Precisó además que entre el 15 de enero y el 30 de abril del año 2025, Migración Colombia registró el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima, desde Puerto Obaldía (Panamá) al corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí-Chocó y de allí, la mayoría se traslada hacia Necoclí en el departamento de Antioquia.
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“Para la CGR es altamente preocupante que el 43% de este flujo lo constituyan mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan riesgos diferenciados y requieren respuestas especializadas para garantizar su protección y bienestar. La mayoría de estas personas provienen de países de Centroamérica, donde esperaban cita con autoridades estadounidenses para solicitar permiso de entrada, pero ante el cambio de políticas migratorias han decidido regresar a sus países de origen”, sostiene el reporte.
Desde el año 2015, agrega la Contraloría, se ha registrado un aumento progresivo en el número de migrantes, tendencia que se intensificó en el año 2021 y alcanzó su punto máximo en el año 2023, cuando 539.959 personas transitaron por el territorio colombiano con destino a otros países. En total, durante el periodo comprendido entre 2012 – 2024, Migración Colombia registró 1.332.315 detecciones de migrantes en tránsito irregular hacia el norte del continente.
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Y concluye el informe que la Dirección de Análisis de Información de la DIARI desarrolló el Modelo Costo Migrantes, una herramienta basada en datos que permite evaluar el impacto financiero y social de la población migrante en el país, tanto en tránsito como con vocación de permanencia. El análisis revela que 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal, con un costo estimado de $2,93 billones, y advierte “un crecimiento acelerado en estos gastos, lo que podría comprometer la sostenibilidad del presupuesto público”.
“Asimismo, se evidenció una alta concentración de migrantes en ciertas regiones, generando presión sobre la infraestructura y los servicios públicos, especialmente en salud y educación. El modelo identificó también sobrecarga en el régimen subsidiado de salud, duplicidad en la entrega de subsidios y fallas en el registro de información, lo que dificulta una gestión eficiente y equitativa”, puntualizó la entidad.
