La Procuraduría General de la Nación abrió juicio disciplinario contra Carlos Julián Caicedo Cano, actual asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías), por presuntamente haber vulnerado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al ejercer simultáneamente funciones como servidor público y contratista del Estado.
(Le puede interesar: “Estos espacios hay que ampliarlos”: Monseñor Francisco Javier Múnera tras reunión con altas cortes y Congreso)
De acuerdo con la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, Caicedo Cano se posesionó el 24 de enero de 2023 como asesor, mientras conservaba un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín. Dicho contrato estuvo vigente del 30 de enero al 17 de octubre del mismo año.
El órgano de control investiga si este doble vínculo con entidades estatales configuró una infracción a la normatividad vigente, la cual prohíbe expresamente que un funcionario público celebre contratos con el Estado durante el tiempo en que ejerce funciones públicas.
(Vea aquí: Van unos 150 recursos contra el ‘decretazo’ de la consulta popular de Petro)
En este contexto, la Procuraduría busca establecer si Caicedo Cano transgredió principios constitucionales como la moralidad, la transparencia y la legalidad en el ejercicio de su cargo.
La presunta conducta fue calificada por el Ministerio Público como “falta gravísima”, cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas del régimen disciplinario. De ser hallado responsable, el asesor podría enfrentar sanciones disciplinarias que van desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
(Lea también: ¿Por qué el presidente de la Corte Constitucional se retiró del encuentro convocado por la Iglesia?)
La investigación disciplinaria se inició tras revelaciones periodísticas sobre los vínculos laborales de Caicedo Cano, quien es pareja sentimental de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aunque este aspecto no forma parte del objeto formal del proceso, ha generado cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés o favorecimientos indebidos.
En el desarrollo del caso, la Procuraduría ha recabado pruebas documentales y testimoniales que sustentan la decisión de llamar a juicio disciplinario. El proceso continúa en etapa de evaluación probatoria, en la que ambas partes podrán presentar alegatos antes de que se dicte un fallo.
La autoridad disciplinaria recordó que el caso podría prescribir el 6 de agosto de 2027, por lo que ha reiterado públicamente la importancia de avanzar con celeridad en las etapas restantes del procedimiento. Mientras tanto, Caicedo Cano permanece vinculado al Invías.
