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Tras la expedición del Decreto 572 de 2025, mediante el cual establece un aumento en las tarifas de autorretención en la fuente que aplican las empresas sobre sus ingresos, con el que los contribuyentes pagarán de manera anticipada una parte del impuesto de renta que corresponde al año 2026, las reacciones políticas no se hicieron esperar.

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El expresidente Álvaro Uribe advirtió que “el decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación que el Gobierno quiere el exterminio del sector privado para sostener su derroche y abultada nómina burocrática. Con los empleadores asfixiados no habrá manera de mejorar la situación de los trabajadores”.

A su vez, el precandidato presidencial David Luna anunció que interpondrá “una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión inmediata de este decreto confiscatorio. Están raspando la olla para la campaña, están empeñando el futuro de Colombia. Les están metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas. Que le quede claro presidente Petro, los aplausos comprados nunca sonarán más fuerte que un país que se dio cuenta de la farsa, y que en 2026 optará por elegir un nuevo camino”.

A su vez, Marelen Castillo, representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, señaló que “el Gobierno decidió meterle la mano al bolsillo a los colombianos con un aumento silencioso en la retención en la fuente, intentando tapar el hueco fiscal que dejó su mala planeación, Petro. Están anticipando el recaudo del impuesto de renta de 2026 para cuadrar las cuentas de 2025, trasladando la crisis a quienes sí producen, sí trabajan y sí cumplen. Reducir los umbrales, subir tarifas y ampliar la retención a sectores como el agro, la vivienda o la minería es un golpe directo a la clase media, a los emprendedores y a los pequeños y medianos empresarios. Es fácil recaudar cuando se castiga al que genera empleo y se ignora al que despilfarra los recursos públicos”.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, criticó que “como venganza por el fracaso del ‘paro nacional’ Petro sacó un decreto expropiatorio que incrementa abusiva y antitécnicamente la tasa de retención en la fuente. Esto frenará la incipiente recuperación económica y abre un hueco fiscal enorme para el 2026. Irresponsable”.

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El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, sostuvo que “estamos ante el gobierno más irresponsable en la historia reciente. Modificar y adelantar el cobro de la retención en la fuente en pleno déficit fiscal es absolutamente peligroso. Estamos hipotecando el futuro fiscal del país solo para tapar el hueco de este año, mientras se ahoga la liquidez de las empresas y de sectores productivos que sí generan empleo e inversión. En lugar de hacer un ajuste estructural, reducir el gasto ineficiente, la burocracia o mejorar el recaudo real, el Gobierno prefiere arriesgar el futuro fiscal del país con medidas improvisadas y un tanto desesperadas”.

Y la representante Saray Bechara, de La U, comentó que “la expedición del decreto por parte del Ministerio de Hacienda para aumentar las tarifas y bajar las bases mínimas de retención y autorretención repite, torpemente, el error de 2023 y 2024. Seguir contrayendo la economía vía impuestos es una de las decisiones más dañinas que ha adoptado este gobierno. Pero, claro, las advertencias no importan: lo único que cuenta es hacer su voluntad. Ahora la pregunta es: ¿Qué va a pasar en 2026? ¿Cómo van a compensar este golpe para mantener el crecimiento económico? ¿Acaso midieron el impacto en la inflación y el consumo? ¿Era necesario meterse con la comida? El golpe es directo a las personas de menores ingresos. Así no es”.