Un gran debate en el país produjo la decisión del Gobierno nacional sobre abrir un 'espacio de conversación sociojurídico' con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Lo anterior por varios puntos que se discuten en torno a esa posibilidad de sentarse a negociar con el grupo armado ilegal. Por un lado, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, aseveró que el Clan del Golfo pide un proceso de “justicia transicional y no de sometimiento”, algo que ha generado polémica.
Pero, además, también se cuestionó el hecho de que desde el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se eleve una solicitud de suspender órdenes de captura contra los voceros de esta negociación.
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De acuerdo con la resolución 279 de 2024, el grupo armado ilegal tendrá como negociadores a varios jefes o cabecillas:
- Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido bajo el alias de Chiquito Malo, quien enfrenta varios delitos no solo en Colombia sino también en Estados Unidos. De hecho, el Departamento estadounidense del Tesoro aseguró en su momento que ‘Chiquito Malo’ lidera el Clan del Golfo, desde donde “suministra cocaína a las principales organizaciones del narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa”. Por esto, en 2018, ese país lo solicitó en extradición y hoy ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
- Orozman Orlando Osten Blanco, alias Flechas quien estaría vinculado a 14 procesos por delitos de homicidios, secuestro extorsivo y desaparición forzada.
- José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, quien es oriundo de Montería e inició su vida delictiva en el año 96. Fue condenado a seis años de cárcel por los delitos de conformación de grupos ilegales y cumplió su pena en Medellín.
- Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, quien se desmovilizó en 2004.
- José Miquel Demoya Hernández, alias Chirimoya, quien fue uno de los cabecillas más buscados del Clan Úsuga.
- Luis Armando Pérez Castañeda.
Además, en la normativa se lee: 'Por intermedio de la Consejería Comisionada de Paz, comunicar la presente resolución a las autoridades correspondientes para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, para la suspensión de las órdenes de captura a que haya lugar, durante el término de la vigencia del reconocimiento como miembros representantes”.
