El conglomerado que posee la propiedad de la EPS Sanitas, Keralty, ha iniciado una disputa legal luego de la intervención gubernamental liderada por la administración del actual presidente de la República, Gustavo Petro. Según el abogado Juan David Riveros, representante de la firma, esta acción ha desencadenado una serie de medidas legales que incluyen acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Inicialmente, el togado enfatizó la importancia de la objetividad en cargos de tanta responsabilidad como la inspección, señalando que estas características parecen estar ausentes en este caso. 'Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí', precisó Además, mencionó la posibilidad de llevar las preocupaciones de Keralty a instancias internacionales, debido al impacto que esta intervención tiene no solo en la empresa, sino también en el derecho fundamental a la salud. Y es que esta acción, según el abogado, podría ser interpretada como parte de una serie de medidas destinadas a asfixiar financieramente a la EPS, lo que constituiría una desviación de poder en términos de derecho administrativo.