La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, informó este martes en un comunicado que entre enero y diciembre del 2023 hubo 2.046 manifestaciones de conflictividad social en 446 municipios de 31 departamentos del país, y el 13% de ellos ocurrió en Bogotá. Por lo que, comparada la cifra con la del 2022, cuando se registraron 1.427 eventos, el aumento fue del 43%.
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'Los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por las acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos de vías, con el 38%; plantones, 33%; marchas, 11%; disturbios, 6%; paros-ceses de actividades, 5%, y toma de instalaciones, 3%. También en comparación con el 2022, se puede observar que hubo un aumento del 94% en la ocupación o toma de instalaciones, del 62% en los ceses de actividades, del 62% en los bloqueos de vías y del 31% en los plantones y concentraciones', se lee.
La entidad del Ministerio Público agrega en este sentido que los diez departamentos que concentraron el mayor número de conflictos sociales fueron Bolívar, con el 7%; Antioquia, 6%; Santander, 6%; Magdalena, 6%; Atlántico, 5%; La Guajira, 5%; Valle del Cauca, 5%, y Córdoba, Norte de Santander y Tolima, con el 4% cada uno.
Al respecto, el defensor Carlos Camargo señaló que 'el Gobierno Nacional debe fortalecer la articulación interinstitucional para que sean propiciados oportunamente espacios de diálogo con las comunidades que manifiestan sus problemáticas e insatisfacción de derechos humanos. También debe hacérsele un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y adelantar procesos de fortalecimiento institucional con los mandatarios locales, con el fin de prevenir el escalamiento de conflictividades en distintos puntos del territorio nacional'.
{"titulo":"'No vamos a firmar': Murillo sobre contrato de pasaportes con Thomas Greg","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/canciller-encargado-luis-gilberto-murillo-asegura-que-no-se-firmara-el-contrato-con-thomas"}
Los eventos identificados por el Observatorio estuvieron asociados a conflictos laborales en el 18% de los casos registrados durante el 2023; a la garantía del derecho a la educación, 12%; inversión o presencia estatal, 11%; conflictos políticos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores, 11%; prestación de servicios públicos, 10%; derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, 9%; políticas de transporte, 9%; propiedad de la tierra o vivienda, 5%, y conflictos ambientales, 5%, sostiene el reporte.
