La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho exjefes del Bloque Occidental de las FARC, incluyendo a Édgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’. Este dictamen surge como respuesta a más de 200 secuestros cometidos en Valle del Cauca, Cauca y Nariño entre 1993 y 2016, un oscuro periodo marcado por actos atroces que van desde la retención ilegal de niños hasta violaciones a mujeres secuestradas.
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Los exlíderes guerrilleros imputados, además del previamente mencionado, son: Juan Carlos Ramírez ‘Sargento Pascuas’, Héctor Julio Cristancho ‘Grillo’ (carcelero de los diputados del Valle), Gustavo Arbeláez ‘Santiago’, Carlos Mario Cardona ‘El Paisa’, Diego Ardila Merchán ‘Leonel Paz’, Oswaldo Mendoza y Jesucristo Jiménez Cuéllar ‘Juvenal’, excomandantes del Bloque Occidental de las Farc.
De acuerdo con la JEP, los señalados alguna vez integraron unidades como el Comando Conjunto de Occidente o la Columna Móvil Gabriel Galvis, implementaron una política nacional de secuestro de civiles con fines de extorsión, exigiendo dinero por su rescate o buscando intercambios, incluso con militares considerados 'canjeables'.
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El documento publicado por el ente judicial revela tratos inhumanos vergonzosos infligidos a los secuestrados, dibujando un sombrío panorama de abusos que incluyen alianzas criminales con bandas delincuenciales y terceros para perpetrar secuestros.
Lo más impactante es la confirmación de que el Bloque Occidental llegó a secuestrar niños, utilizando la vulnerabilidad de los menores como herramienta para presionar a sus padres a pagar rescates bajo amenaza de muerte.
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La Sala de Reconocimiento subraya que incluso tres víctimas acreditadas en la modalidad de secuestro con fines de financiamiento tenían menos de 18 años al momento de ser raptados, y los comparecientes reconocieron tres casos adicionales de aprehensión ilegal de niños y niñas.
La JEP también destaca las brutales agresiones sexuales cometidas por las unidades subalternas de los imputados contra mujeres secuestradas, haciendo hincapié en dos casos particulares, entre ellos el de una comerciante en el año 2002. La magistratura otorga credibilidad a las narraciones de las víctimas, resaltando la coherencia de los relatos entre sí y su correspondencia con el contexto proporcionado por los comparecientes.
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En relación con el secuestro de los 11 diputados del Valle del Cauca en 2002, la JEP narra los tratos inhumanos a los que fueron sometidos, desde caminatas incesantes hasta castigos brutales y amarres con cadenas por días enteros. Se revelan las condiciones de alimentación deplorables, incluso con el consumo de carne de perro, información que los captores compartieron con las víctimas después de haber ingerido dicha carne.
Finalmente, la JEP aborda la vinculación del Bloque Occidental de las FARC con el narcotráfico, aunque sin señalar una relación directa y un manejo del negocio.
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Puntualmente, la magistratura sostiene que esta facción guerrillera estaba involucrada únicamente en el 'cobro del gramaje' a los dueños de los cultivos y en el control de la zona donde se encontraban las plantaciones. No obstante, queda pendiente la exploración de posibles relaciones con políticos y otras autoridades en las áreas de presencia del Bloque Occidental.
