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La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a casi 11 años de prisión a la excongresista Argenis Velásquez por exigirle a una de sus asesoras entregarle la mitad de su sueldo, informó el alto tribunal este viernes.

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La decisión la tomó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que 'condenó a 128 meses de prisión a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez como responsable del delito de concusión continuado', informó la Corte en un comunicado.

Velásquez ocupó un escaño en la Cámara de Representantes entre 2014 y 2018 y fue representantes del departamento del Putumayo.

Los hechos se remontan a un escrito anónimo en el que se daba cuenta de que Velásquez había 'constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho, para que mes a mes le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político'.

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La UTL es un equipo de profesionales que asesoran a los congresistas en diferentes temas. Sus sueldos corren por cuenta del Estado y no del senador o representante.

De acuerdo con la sentencia de la Corte, Mercedes Rojas, quien trabajó en la UTL de Velásquez, indicó en su declaración que Edwin Chávez Jojoa, esposo de la aforada, en 'apego a las instrucciones de ésta, en el mes de febrero de 2016 le solicitó entregar mensualmente parte de su salario, una vez estuviera vinculada laboralmente a dicha UTL'.

En total, la empleada le entregó a la congresista unos 6.000 dólares entre marzo de 2016 y febrero de 2017 hasta cuando Rojas le dijo al esposo de la congresista que no seguiría aportando el porcentaje de dinero exigido, 'siendo declarada insubsistente'.

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Para la Corte quedó claro que Velásquez 'olvidó así que los miembros del Congreso representan al pueblo y han de actuar consultando la justicia y el bien común, conforme con el mandato consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política, a cambio dirigió su voluntad para sus fines personales al exigir sumas dinerarias a una de sus dependientes'.

La Sala Especial de Primera Instancia también impuso a la excongresista 104 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y también le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria.